Organizaciones especializadas y personas expertas en procesos de adopción coinciden: los planes del Partido Popular de incluir a las mujeres inmigrantes en situación irregular en su propuesta de Ley de apoyo a la maternidad para garantizar que no se las expulsa mientras dure el proceso no se sustentan porque se basan en un problema que, insisten, no está ocurriendo en la práctica.

“Sería una barbaridad utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre. Nuestra propuesta es ampliar al ámbito estatal esta medida que con éxito ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo”, defendió este miércoles el PP.

Sin embargo, a diferencia de lo que sugirió este miércoles el partido liderado por Pablo Casado, las comunidades autónomas consultadas por eldiario.es, encargadas de los procesos de adopción, contemplan en sus protocolos la confidencialidad de los datos de las madres durante el procedimiento, lo que impide que sean utilizados con fines de proceder a la expulsión de estas mujeres. Autonomías como Aragón, Murcia, Valencia, Madrid, Navarra, Euskadi, Andalucía, Castilla y León o Canarias han subrayado a este medio “la confidencialidad” del sistema de adopción en sus territorios. 

“Esta medida no es necesaria, no tenemos constancia que en ninguna comunidad se esté vulnerando la protección de los datos de las madres. Dicen que es lo que se está haciendo en Madrid como si en otras no lo hiciesen, cuando esto es algo que de algún modo un otro se está haciendo”, explican desde la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA). La organización insiste en que no han recibido ninguna denuncia de estas características.

En la misma idea incide Blanca Gómez, investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas especializada en procesos de adopción. “Se basa en un problema que no existe. Hasta donde yo sé, esto no se hace solo en Madrid, no se hace en ninguna parte. La confidencialidad se respeta mucho en todas partes en estos procesos”, recalca la experta.

“Esos datos se quedan en las entidades -autonómicas- de protección de menores, son absolutamente confidenciales. ¿Va a llamar un funcionario de una comunidad autónoma a Interior para decir que tiene a una madre sin papeles y que se la lleve? Es de película. Están dando ideas”. La especialista niega que una mujer en situación irregular cuenta con diferentes garantías que una mujer española durante el procedimiento de entregar a su hijo en adopción. 

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por eldiario.es confirman que tampoco les consta que se esté vulnerando la premisa de confidencialidad y recalcan que, de producirse el trasvase de datos entre administraciones, se estaría incumpliendo la Ley de protección de datos. “Por ley está prohibido cruzar datos. Si una mujer inicia un proceso de adopción, la Policía no se entera de eso, no se notifica de ninguna forma. Sería absolutamente ilegal, un funcionario de la Junta de Castilla y León no puede llamar a la Policía para esto”, explican estas mismas fuentes.

La práctica real es que ni los hospitales ni los Servicios Sociales traspasan los datos de la mujer a la Policía Nacional para que inicie, en su caso, un procedimiento de expulsión. “Eso sería una cesión de datos sin consentimiento y sin justificación”, coincide la jueza Victoria Rosell, que reitera que las personas que no tienen su situación regularizada en España no están cometiendo ningún delito, al tratarse de una falta administrativa. La información personal de las mujeres que dan a sus bebés en adopción está blindada y no puede intercambiarse entre instituciones.

Por otro lado, la magistrada apunta a que la interpretación habitual de la Ley de Extranjería es que las mujeres embarazadas no sean expulsadas en base a la previsión de la norma que se refiere al riesgo “para la gestación” o “la salud de la madre”.

Lo mismo defienden desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. “A una mujer embarazada por principio no se la expulsa por vulnerabilidad y para proteger el interés superior del menor”, insisten. Otras fuentes expertas en Extranjería consultadas por este medio coinciden en que, conforme a la legislación española, no se puede ejecutar un procedimiento de deportación a mujeres en estado de gestación, aunque sí se les puede abrir este expediente.

En este sentido se ha expresado también Médicos del Mundo, que a través de un comunicado ha mostrado su preocupación por que “para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen funciones de Extranjería”.

Más allá de la casuística, son muchas las voces que denuncian la dimensión ideológica de la propuesta: “La no expulsión se configura como un premio y no como un derecho”, critica Cristina de la Serna, abogada de Rights International Spain. Así, Médicos del Mundo pide medidas que protejan a las mujeres migrantes y a sus familias de forma que las instituciones “faciliten las condiciones para que no se vean forzadas a tomar decisiones tan dolorosas como separarse de sus hijos al nacer”.

“¿Como nos faltan niños vamos a hacer esto? Es éticamente deplorable y no hay por donde cogerlo”, sostiene por su parte la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, en relación a la idea de que se trate de una iniciativa por el equipo de Casado para luchar contra el “invierno demográfico” que según el líder de los populares se vive en el país. “Las mujeres en situación irregular, como el resto de las mujeres no quieren renunciar a sus niños. Otra cosa es lo que las chantajees, como se parece que se planteó en un principio”. 

“Si lo que desea un partido es promover la natalidad y que la situación socioeconómica no sea la causa que impida a las mujeres tener hijos, es necesario que se promuevan políticas públicas que hagan de España un país en el que se pueda criar a niños y niñas”, agrega, por su parte, Jennifer Zuppiroli, técnica de incidencia en migraciones de Save The Children, que aseguran que desde la ONG han pedido al PP más información sobre la propuesta. “Nos preocupa la instrumentalización que se pueda hacer de los niños y de sus madres para fines distintos del interés superior del bebé”.




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