Las diferencias con las que los líderes soberanistas acusados de rebelión llegaban al juicio del procés se han mantenido con el arranque de la vista oral. Los abogados de los acusados (este martes los políticos no intervendrán) han planteado sus cuestiones previas, un trámite en el que se han visto sus dos estrategias: una puramente técnica, centrada en los hechos, y otra que pasa por añadir alegatos políticos a los argumentos jurídicos.

El abogado Xavier Melero, que defiende al exconseller de Interior Joaquim Forn, se ha desmarcado con claridad de los argumentos políticos esgrimidos por la defensa de Oriol Junqueras. “Esto es un juicio penal, nada más y nada menos, como una estafa o una alcoholemia”, ha aseverado Melero en el salón de plenos del Supremo. A renglón seguido ha pasado a elogiar al tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena: “El trato exquisito del tribunal se manifestará tanto para los acusados como para cualquier otro”.

Melero ha hecho hincapié en que no se juzga a Forn por independentista ni por ser miembro del Govern que firmó ni el decreto de convocatoria del 1-O, sino por sus supuestas órdenes políticas a los Mossos d’Esquadra para permitir el referéndum (que la defensa niega). “[Forn] está aquí porque las acusaciones vienen predicando que tenía capacidad de dominio sobre la fuerza policial”, ha argumentado Melero, centrando así el objeto del juicio en los hechos, no en la política.

A diferencia de Melero, ha habido mucha política y ninguna deferencia explícita al tribunal en la intervención que ha abierto el juicio y que ha realizado Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC). “Esta causa atenta contra la disidencia política y el derecho a la protesta”, ha lanzado Van den Eynde, que ha advertido al tribunal sobre los “retos de calado” que tendrá a la hora de juzgar un caso donde se sientan en el banquillo “representantes de la mayoría del pueblo de Catalunya”.

A medio camino de Van den Eynde y Melero se ha quedado la intervención de Jordi Pina, que defiende a los diputados suspendidos de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. En una minuciosa argumentación en la que ha invocado en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), donde las defensas confían en lograr un pronunciamiento favorable, Pina ha enumerado varios derechos fundamentales que, a su juicio, se han vulnerado en la causa. Por ejemplo, el derecho a un juez imparcial o a la tutela judicial efectiva. 

Asimismo, ha reivindicado que el rey Felipe VI y el expresident Carles Puigdemont declaren como testigos pese que el tribunal lo rechazó en el auto de admisión de pruebas. Y ha cerrado su intervención con una petición al tribunal: “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”.




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