El PP defenderá este miércoles ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas una iniciativa para que este órgano fiscalice la acción exterior de la Generalitat de Catalunya entre 2011 y 2017 y determine qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a estas políticas, entre las que se incluyen las distintas ‘embajadas’ y el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó la semana pasada bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP recalca que desde 2012 Catalunya ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifra esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El Diplocat fue liquidado en el último Consejo de Ministros

Y también destaca que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Catalunya copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.

En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Cataluña siguió operando de forma autónoma.

Con la intervención del Govern, el Ejecutivo de Rajoy cerró las oficinas exteriores de la Generalitat

De hecho, el PP asegura que en los últimos años y especialmente este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar “la causa secesionista”. En concreto, apunta la iniciativa, Catalunya llegó a contar con unas setenta oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155.

Para los ‘populares’ resulta “más que justificado” que, ante la situación de apoyo financiero prestado por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos y “ante la situación de escasez de recursos”, la comisión mixta del Tribunal de Cuentas pida una fiscalización de los fondos destinados a la acción exterior catalana para determinar si se han utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”.

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