Las ayudas por embriones que propone Díaz Ayuso ya las impulsaron Feijóo y Camps

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Considerar a un embrión como un miembro de la familia a la hora de conceder ayudas y títulos no ha sido una invención de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El anuncio de este miércoles, puesto en cuestión por toda la oposición en la Asamblea regional, imita un modelo que ya se ha puesto en marcha en feudos del PP como Galicia o la Comunitat Valenciana. Y que llevan la marca de dos grandes factótum conservadores: Alberto Núñez Feijóo y Francisco Camps. 

En Galicia, el origen del reconocimiento de los niños y niñas «concebidos y no nacidos» como miembros de la unidad familiar se encuentra en la «ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada», la plasmación legal de la iniciativa legislativa popular impulsada por la Red Madre -organización antiabortista ligada al Foro Español de la Familia y al PP- cuya aprobación aceleró el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras recuperar la mayoría absoluta en el año 2009. Aquella norma fijaba entre sus objetivos la protección del «derecho a la vida en formación desde la concepción».

De esa primera norma bebieron después algunos preceptos de otra ley de 2011, «de apoyo a la familia y a la convivencia», que reguló diversos aspectos de la política social y en la que por primera vez se consideró como»descendiente» al «hijo o hija concebido o concebida» a la hora de considerar a una familia como numerosa «siempre que mediante la aplicación de esta asimilación se obtenga un mayor beneficio». Esa ley también permite computar al «concebido o concebida» para acreditar la condición de familia monoparental. 

En la primera legislatura de Feijóo el Gobierno gallego aprobó también su Plan integral de apoyo a la mujer embarazada, que desarrollaba la ley de la Red Madre. Una de sus «áreas de actuación» fue «priorizar para acceder a ayudas o programas» autonómicos criterios como «valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a los efectos de las ayudas previstas en materia de vivienda», en baremos para el acceso a plazas de colegios» u otras «materias sociales».

La Consellería de Política Social de la Xunta confirma que «desde la entrada en vigor de esta medida» el Gobierno gallego ha concedido «algo más de 400 certificados» para que los «concebidos no nacidos» sean «asimilados a la categoría de descendientes». Si el embrión finalmente no nace, las familias tienen la «obligación» de «comunicar cualquier cambio al respecto», informan las mismas fuentes. Por ejemplo, si se obtiene por esta circunstancia el certificado de familia numerosa, «el beneficio pierde su validez si el nacimiento no tiene lugar». 

Díaz Ayuso no ha sabido responder cómo gestionaría estos casos en la Comunidad de Madrid, de poner en marcha su promesa electoral. «No lo he pensado», ha dicho. En declaraciones posteriores, la candidata ha negado que la medida intente persuadir a las mujeres para que continúen con su embarazo y ha justificado que su propuesta es «en positivo». «Es acompañar a las familias, no es crearlas», ha dicho en declaraciones posteriores a La Sexta. 

En estos años de implantación en Galicia, la figura de la hija o hijo «concebido y no nacido» ha aparecido ya en numerosas convocatorias de ayudas de la Xunta, como las destinadas a la rehabilitación de viviendas o al alquiler. Feijóo presumía en 2014 de que así «apoyaba a las familias numerosas considerando a efectos fiscales a un nasciturus miembro ya de una familia». La medida se ha incluido también, más recientemente, en el VI plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020, que recoge entre sus medidas para «potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas» la «valoración de la vida en formación como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos».

En la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Camps aprobó una ley similar para la «protección de la maternidad» en 2009. La norma fue apodada como ‘ley Cotino’ porque fue impulsada por el exconseller y expresidente de Les Cortes con este apellido. El texto hacía referencia a «la dignidad de la mujer gestante» y daba puntos en el proceso de escolarización de alumnos cuyas madres estén embarazadas, como si el hijo o hija ya hubiera nacido. 

El PSPV denunció que esta norma se había usado como paraguas para subvencionar con más de un millón de euros a asociaciones antiabortistas, como las Siervas de la Pasión, que no se destinaron directamente para atender a las mujeres. En el articulado se recoge, por ejemplo, la creación de centros de atención a la maternidad en cada capital de provincia que podían ser concertados con entidades privadas sin ánimo de lucro para informar, apoyar y dar asistencia a las gestantes.

La ley de Cotino se derogó en marzo de 2017 con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos. La propuesta para eliminarla fue presentada por el grupo de Compromís en las Corts Valencianes, con el apoyo del PSPV-PSOE y Podemos, aunque Ejecutivo autonómico aclaró en su momento que la norma había sido vaciada de contenido y de partida presupuestaria desde los primeros ejercicios del Gobierno progresista del ‘Botànic’ y carecía de posiblidad de aplicación. El texto de derogación señala que es «absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas».

Tras el anuncio de Díaz Ayuso, la oposición ha valorado la medida con gran variedad de argumentos: desde las «dudas jurídicas» que supone para la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, por considerar un embrión que aún no existe como persona, a las críticas de Podemos, que lo ven un «intento de disfrazar de ayuda administrativa sus posiciones contra el aborto».

El líder del partido, Pablo Casado, ha defendido la propuesta horas después como una «reivindicación que le han hecho a Isabel y a nosotros la asociación de familias numerosas». Casado ha circunscrito la medida a «la reserva de la plaza escolar». «Pensamos que es positivo que una mujer, que esté embarazada de su tercer hijo, pueda tener ese beneficio a la hora de elegir ese centro escolar». La candidata a presidir la Comunidad de Madrid también ha justificado que la idea parte de un reclamo de colectivos de familias numerosas. Díaz Ayuso tampoco ha concretado si vertebraría la medida en torno a una ley como ha pasado en Galicia y la Comunitat Valenciana. 

Los dirigentes del PP de Madrid más cercanos a Díaz Ayuso y también su número dos en la lista, David Pérez, han respaldado en redes sociales a la candidata. Ella misma ha escrito un tuit que cargaba contra la «dictadura progre» para la que considerar a un concebido no nacido como miembro de la unidad familiar es «motivo de guasa».



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