La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción 3 de Cornellà de Llobregat en una investigación que tenía abierta contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y otros siete responsables de la cúpula policial autonómica, entre ellos el actual máximo responsable, Ferran López, que sustituyó a Trapero tras la aplicación del artículo 155.

El titular del Juzgado catalán les investiga por por la elaboración de las pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el referéndum del 1 de octubre, y consideró que la Audiencia Nacional debía asumir toda la causa al tratarse de los mismos hechos y personas que ya investiga Lamela.

El Juzgado de Cornellà justificaba su inhibición a la vista de que el diseño realizado por la Prefectura de los Mossos “se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del Tribunal Constitucional y TSJC camuflando tales intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia”.

Según este juez, los Mossos invadieron así las funciones del Poder Judicial, pues a la Policía Judicial “corresponde cumplir órdenes de jueces y tribunales y no el valorar las mismas o si las mismas han de ser cumplidas de una manera u otra o si han de ser interpretadas en un sentido u otro”. Según este Juzgado, los Mossos “no son jueces ni intérpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces, sin que puedan arrogarse la potestad de decidir cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió por la policía catalana”.

Falta de conexidad

Con el informe del fiscal -contrario a la competencia de la Audiencia Nacional- y tras analizar los argumentos y hechos investigados, Lamela ha decidido rechazar este asunto y devolverlo al Juzgado de Cornellà. Considera que entre ambos procedimientos no existe ni conexidad subjetiva en los hechos, ni tampoco material, ya que de los testimonios aportados no existe ninguna comunicación con las personas objeto de investigación en la causa que instruye.

Mantiene igualmente que no existen causas que aconsejen la investigación y enjuiciamiento de ambos procedimientos en una sola causa, como también entiende, dice, el Tribunal Supremo, al haber reclamado únicamente una parte de las actuaciones que se investigaban inicialmente en la Audiencia Nacional.

La instructora recuerda que en su causa se ha dictado auto de procesamiento por delitos de organización criminal y de sedición -contra Trapero, la intendente Teresa Laplana; el exdirector general de los Mossos, Pere Soler; y el exsecretario general, César Puig-, “que no pueden ser imputados sin más a todos aquellos sujetos cuya intervención solo ha favorecido pero no determina la concurrencia de algunos elementos del injusto típico.

Los comisarios no son responsables

Este es el caso de los responsables comisarios e intendentes que han elaborado materialmente “las pautas de actuación” atendiendo a las indicaciones de sus superiores y tampoco estos sujetos han tenido a su disposición el dominio del hecho del proceso independentista.

Evitar una causa “imposible”

Existe otra limitación, a juicio de Lamela, para no aceptar la competencia y es la de evitar las investigaciones complejas que puedan dilatarse en el tiempo, los denominados “macroprocesos”. En este sentido, destaca la magistrada, “en el caso de que se aceptara la instrucción y/o enjuiciamiento de los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Cornellà de Llobregat por delitos investigados en la presente causa, este Juzgado debería asumir todas las denuncias entabladas por ciudadanos contra los Mossos que están siendo investigadas en los diferentes juzgados de instrucción de Catalunya por su participación en los hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre”.

Ello llevaría, según la magistrada, a la imposibilidad de la investigación pues por las investigaciones desarrolladas hasta el momento serían más de 7.000 mossos. Para Lamela, si aceptara esta causa, se haría “total y absolutamente imposible” de asumir.

Con este auto, Lamela ha rechazado la competencia de 11 procedimientos de los que se habían inhibido tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como distintos Juzgados de esa comunidad autónoma y tiene pendientes de resolver otros dos.

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