La justicia encuentra trabas en su camino en un distrito del norte de la India. Cuando la policía acudió a los tribunales el lunes para presentar cargos que implicaban a ocho hombres en la violación y asesinato de una niña musulmana en Kathua, un distrito del estado de Jammu y Cachemira, los agentes se toparon con una barrera humana: docenas de abogados hindúes les impedían el paso.

El asesinato de Asifa Bano, de ocho años, cuyos detalles se dieron a conocer el miércoles, y los intentos constantes de grupos hindúes para frenar la investigación policial han aumentado la confrontación entre esta comunidad y la musulmana. Mientras, aumenta la preocupación sobre la creciente sensación de impunidad entre los hindúes, nacionalistas religiosos.

aumenta la preocupación sobre la creciente sensación de impunidad entre los hindúes

Asifa, miembro de una tribu musulmana nómada, pastaba caballos el 10 de enero en Kathua cuando un campesino la atrajo hacia un bosque, el mismo escenario donde aparecería muerta una semana después. El hombre la encerró en un pequeño templo hindú, donde fue drogada, violada y torturada durante tres días por un grupo de hombres para acabar golpeándola con una piedra en la cabeza. Antes, fue estrangulada. La policía dice en su investigación, publicada en el medio digital indio Firspost , que Asifa habría sido asesinada antes si uno de los hombres no hubiera insistido en esperar para poder violarla una vez más.

En los meses transcurridos desde que hallaron el cuerpo sin vida de Asifa el pasado 17 de enero, la muerte de la pequeña no solo ha angustiado a la población de Kathua, sino que ha incendiado las tensiones entre musulmanes y hindúes. Su caso es el último ejemplo de la delicada fricción religiosa que existe en la India: mientras unos denuncian la violencia sexual y exigen justicia para la familia de Asifa, otros piden que se respeten los derechos de los hombres acusados, a quienes se les cree víctimas de una caza de brujas. En medio, un horroroso crimen cuyos culpables deben ser perseguidos.

La policía apunta a Sanji Ram, que custodia el templo donde se perpetró la barbarie, como el cabeza pensante del crimen. Está acusado de haber acordado pagar a agentes de la policía local 500.000 rupias (unos 6.200 euros) para generar pruebas falsas que alejaran a los detectives de él y sus hombres.

A Ram se le conocían sus fuertes recelos hacia el asentamiento de una comunidad musulmana, conocida como los Bakawals, en la zona. Asifa fue una presa fácil para así, dice la familia de la niña, asustar al grupo y provocar su marcha.

El principal sospechoso está acusado de haber acordado pagar a policías locales para que generaran pruebas falsas que alejaran a los detectives de él y sus hombres

El arresto de Ram, sus hombres y los agentes de la policía que confabularon con ellos rápidamente se convirtió en un conflicto entre dos bandos, entre dos religiones. En Jammu, como en otras partes de la India, los grupos hindúes de derechas se han vuelto cada vez más activos.

Un mes después del crimen, algunos ministros de estado y altos funcionarios del partido gobernante Bharatiya Janata (BJP) apoyaron la formación de un grupo de protesta que se manifestó en la ciudad de Kathua ondeando banderas indias para exigir la liberación de uno de los agentes acusados. Según ellos, como algunos de los investigadores en el caso son musulmanes, no puede haber imparcialidad en el proceso. Por eso pidieron que el caso fuera transferido a una agencia de investigación supervisada por el gobierno nacional.

Batalla por la custodia de la tierra

Durante la partición de la India en 1947 cientos de musulmanes fueron asesinados en disturbios o emigraron a Pakistán en medio de temores de asesinatos comunales por parte de la muchedumbre hindú. En su huida, dejaron atrás parcelas de tierra en estados como Jammu y Cachemira, propiedades que fueron asumidas por el gobierno y fueron llamadas “de custodia”.

En el distrito de mayoría hindú de Kathua, “casi el 90% de la tierra es propiedad de custodia, y el 100% de ella está ocupada por miembros de la comunidad mayoritaria. En los últimos tres o cuatro años, las tensiones sobre la ocupación de la tierra han sido tan altas que se han fijado límites comunales sobre ella. Incluso si una vaca propiedad de una comunidad se ‘infiltra’ en tierras propiedad de la otra, no se devuelve. ¿Cómo actuamos cuando se trata de seres humanos?”, afirmó al Asia Times en febrero el activista social y abogado Talib Hussain, quien está defendiendo el caso de Asifa.

Incluso si una vaca propiedad de una comunidad se ‘infiltra’ en tierras propiedad de la otra, no se devuelve”

Talib Hussain

Activista social y abogado

Hussain, un miembro de la comunidad tribal de Gujjar, dijo que durante los últimos años la comunidad minoritaria fue vista con recelo por parte de la comunidad hindú, como si “invadiéramos su tierra”. Según Hussain, la familia de Bano adquirió tierras en la zona hace unos seis años y construyó su casa allí. La tierra estaba justo arriba de un pueblo de aproximadamente 25 familias de la comunidad hindú.

La familia de Bano adquirió tierras en la zona hace unos seis años y construyó su casa allí

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.