Los coches de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a luchar contra la corrupción están en una “situación preocupante”. La “escasa renovación” de su flota en los últimos años hace que los vehículos de los investigadores acumulen una “excesiva antigüedad” y tengan “averías frecuentes”. Todo ello les ha provocado “una clara cobertura incompleta de las necesidades”.

Esta es la denuncia que han incluido los propios agentes en un escrito remitido al Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al resto de integrantes de la trama Lezo. Piden al juez que les deje hacer uso de los coches incautados a los investigados para paliar las carencias de su flota y la “merma operativa”.

Este periódico informaba este jueves de que el juez Manuel García-Castellón, al frente de los casos Lezo y Púnica, entre otros, ha exigido al Ministerio del Interior un refuerzo para la UCO porque los casos están parados. Ahora este escrito en el que la Guardia Civil alerta del estado de sus coches lleva la fecha del 3 de enero. Es la respuesta a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -órgano superior al juez del caso- que decretó que los guardias civiles debían custodiar los coches de los imputados, pero no hacer uso de ellos. Atendía así la Sala los recursos de varios investigados.

En consecuencia, el pasado 27 de diciembre el Juzgado emitió un auto en el que ordenaba a la UCO custodiar (sin usarlos) los coches en las instalaciones de la Unidad de Delitos contra la Administración. A juicio del Juzgado ese lugar reúne “los requisitos y cualidades idóneas para mantener en buen estado de conservación los vehículos embargados”.

Los seis coches

En concreto se trata de seis coches: un Smart propiedad de Ignacio González; un BMW 330D de su mujer, Lourdes Cavero; un Audi A1 Sportback, un BMW 320D y otro BMW 120D, estos tres del hermano del expresidente Pablo González. El sexto es un Ford Mondeo del exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás. La UCO alude a las “necesidades de material” para poder disponer de estos autos, algunos de ellos de alta gama.

En sus explicaciones los agentes incluyen como argumento que muchas veces los sospechosos de sus pesquisas se mueven en vehículos “de marcas y modelos de alta gama y elevada cilindrada”. Contar por tanto con coches similares les permitiría luchar “contra las nuevas formas de delincuencia”, que emplean coches “imposibles de ser adquiridos de una forma frecuente por la Dirección General de la Guardia Civil, tanto por su precio como por su falta de homologación en el Catálogo de Adquisición Centralizada del Ministerio de Hacienda”.    

La Guardia Civil plantea al Juzgado incluso un plan de conservación de los vehículos incautados y añade que el avance de la investigación“ha afianzado los indicios delictivos” contra González y su entorno. Creen que “las cantidades (de dinero) obtenidas” a partir de sus presuntas actividades ilícitas “parecen haber sustentado de una forma u otra la compra de los vehículos recientemente embargados”. 

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