El caso Palau es también una historia de patricios y plebeyos. Los primeros, con Fèlix Millet a la cabeza, se sentaron en el banquillo de los acusados y han sido condenados este lunes. Los segundos estuvieron representados por las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

A diferencia del Palau de la Música, estas dos acusaciones vieron claro desde el inicio de la investigación el vínculo entre el auditorio y las comisiones a Convergència por las que el partido ha terminado condenado. En conversación telefónica con este diario, el abogado de la FAVB en este caso, Àlex Solà, se muestra satisfecho por la sentencia, y considera que, junto a todo el caso, “tiene una función catártica para la sociedad catalana y barcelonesa”.

¿Está satisfecho con la sentencia?

Estamos satisfechos porque la sentencia reconoce tanto nuestra tesis de acusación como los delitos y el alcance del saqueo de Fèlix Millet y Jordi Montull y el decomiso de 6,6 millones a Convergència.

¿Considera que la sentencia marca un antes y un después en la política catalana?

El caso Palau tiene una función catártica para la sociedad catalana y barcelonesa. La sentencia de este lunes es el penúltimo episodio de esta catarsis. El último episodio será cuando el Tribunal Supremo dicte la condena en firme y la entrada en prisión de los que queden por entonces. Como toda catarsis, antes y después han cambiado cosas.

Este mismo lunes el PDeCAT y Artur se han desvinculado del fallo diciendo que el nuevo partido no tiene ninguna relación con CDC.

Las dudas que todavía mantienen algunos negacionistas se tienen que disipar ante la fuerza de la verdad judicial declarada este lunes. En este sentido, estamos en el penúltimo episodio, el último será a finales de año o a principios del que viene. 

¿Se podrán recuperar los más de 23 millones en los que se ha cifrado el expolio al Palau de Millet y Montull?

Si no todos, sí una gran parte, más de la que habitualmente se recupera en este tipo de casos. El motivo es que Fèlix Millet y los Montull se creían tan impunes que no llevaron a cabo ningún tipo de ingeniería para ocultar sus bienes ni su patrimonio. Podemos decir que muchos millones están ya asegurados, dependiendo del valor que se termine dando a algunas fincas embargadas, que se sitúa entre 21 y 26 millones.

Respecto a los 6,6 millones de Convergència, el partido tiene 15 sedes embargadas que está por ver si valdrán esta cantidad, pero ahí están. Y de los millones que no se puedan recuperar directamente de Millet y Montull, cabe recordar que Marta Vallès [la esposa de Millet] está declarada responsable civil subsidiaria y deberá abonar más de cinco millones, que los tiene.

¿Si CDC no puede afrontar todo el pago, reclamarán al PDeCAT?

Se tendrá que mirar, pero es evidente que pese a que son dos entidades diferentes hay bastantes subrogaciones de derechos y obligaciones entre el PDeCAT y CDC. Si alguna parte de las subvenciones electorales de CDC han pasado al PDeCAT hay un motivo para que las obligaciones legales de CDC también se subroguen al PDeCAT.

La Fiscalía pedirá una vista para decidir si Millet, los Montull y Osàcar deben entrar en prisión antes del fallo definitivo del Supremo. ¿Cómo lo ve?

Esperaremos a ver si la Fiscalía pide que entren en prisión y cómo lo fundamenta. La Fiscalía tiene tres motivos para pedir que entren en prisión antes de la sentencia definitiva del Supremo, que son riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Este último sería pintoresco. Lo que no haremos es dar carta de naturaleza a una extensión salvaje de la prisión preventiva.

¿La sentencia contribuye a acabar con la impunidad?

Ojalá, aunque queda mucho trabajo por hacer. El propio estallido, la instrucción y el juicio del caso son un paso de gigante para terminar con la impunidad, pero no está todo hecho.

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