El Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes por unanimidad la ley que reconoce los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Ha sido una jornada inédita en la Cámara autonómica, donde es absolutamente inusual que partidos de izquierda y de derecha se pongan de acuerdo en un contenido legal tan ideológico como la diversidad sexual y de género. También es una rareza porque se trata de la primera ley pactada por el PSOE de Susana Díaz y Podemos, grupos que forcejean a diario por esgrimir la bandera de la izquierda.

De hecho, los socialistas y el grupo morado llevaron a la Cámara autonómica por separado dos leyes distintas contra la homofobia, y en el camino han sabido encontrarse, retirar sus textos y consensuar una norma conjunta. Posteriormente han sumado los apoyos de PP y Ciudadanos, incorporando al texto sus enmiendas, y así es como un Parlamento habitualmente fragmentado ha logrado una unanimidad marciana en la política actual.

El PSOE ha aprovechado, eso sí, para instar al PP a exportar esta ley al conjunto del Estado. El Congreso está precisamente ahora tramitando una ley similar que busca erradicar la discriminación que sufre el colectivo y lograr que la igualdad legal que han conquistado tras años de lucha se convierta en una igualdad real, como recoge el artículo 14 de la Constitución.

El texto, cuyo debate final ante el Pleno fue seguido desde la tribuna de invitados por asociaciones LGTBI, incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales. Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

En el ámbito sanitario, la nueva norma incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.
Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico.

Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los de participación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.

En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas LGTBI, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.

En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar.

La ley también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.

La consejería con competencias en materia de igualdad deberá elaborar anualmente un informe estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI y los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a las víctimas.

Valoraciones de los grupos

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido a todos los grupos el trabajo que han desarrollado de la mano de los colectivos LGTBI y ha garantizado el desarrollo de esta ley desde el Consejo de Participación. Ha expresado que el pueblo andaluz se sentirá hoy satisfecho.

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha destacado que hoy nos trae aquí la defensa de los derechos humanos y un sentimiento de orgullo y ha señalado que su partido es el único que ha hecho historia en este país en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los colectivos LGTBI, porque “somos activistas de la diversidad y no solo personas tolerantes”. Ha recalcado que Andalucía contará con una ley inédita en España, que incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación.

Ha mostrado su preocupación por que en la actual sociedad aún estén presentes delitos de odio que sufre el colectivo LGTBI y que “deben tener el rechazo social de toda la comunidad”. Ha resaltado que, ante ello, esta ley, que es valiente, busca “prevenir, atender y eliminar impulsos de Lgtbifobia”. Ha señalado que los socialistas no pararán de reivindicar una Ley LGTBI para toda España.

Por su parte, la diputada del PP-A Esperanza Oña ha indicado que se trata de un día trascendente porque se aprueba una ley que parte de unos principios básicos que toda la sociedad debería respaldar, aunque, según ha lamentado, habrá gente que no entienda lo que se ha aprobado. Ha pedido al Gobierno andaluz que esta no sea una ley “de pose, de gesto político ni de palabras preciosas”, sino de compromisos firmes y que las medidas que se contemplan se lleven a la práctica y cuenten con dotación presupuestaria. Ha lamentado que PP-A y Ciudadanos quedaran “excluidos” en la presentación inicial del texto conjunto.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha manifestado que esta ley demuestra que es posible poner a la instituciones a la altura de la gente y encontrar espacios de consenso, el cual ha sido posible gracias al trabajo de los colectivos LGTBI durante años. “Esta ley es la ley de los colectivos LGTBI, que han trabajo sin descanso para conseguir una de las normas más avanzadas”, ha señalado Romero, destacando que además es una ley ejemplar, que va a colocar a Andalucía a la vanguardia en la defensa de los derechos sobre sexualidades e identidades.

La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha señalado que esta ley es un “mérito” de los colectivos LGTBI de Andalucía, por su labor y tesón, y que hoy consiguen el reconocimiento y la protección a sus derechos. Ha apuntado que esta comunidad da un paso más en la lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que la aprobación de esta norma es un momento histórico en un largo camino y desde “un orgullo del sur”. Ha indicado que esta ley es audaz y contundente y da varias lecciones: se rompe una ley no escrita que dice que en periodo de crisis se aparcan los derechos civiles y pone de manifiesto que una sociedad civil organizada y bien articulada garantiza una norma como esta.

La protección de los derechos LGTBI  está regulada parcialmente en Andalucía a través de la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandas planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

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