la nueva fecha clave del procés compromete a los políticos y aleja a los Mossos del supuesto plan rebelde

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Ha sido la única pregunta directa que Manuel Marchena ha formulado a acusados y testigos en 17 sesiones de juicio. El presidente del tribunal del procés instó al major Josep Lluís Trapero a explicar la «preocupación» que lo llevó a convocar una reunión a tres días del 1-O entre los máximos responsables de la Generalitat y de la prefectura de los Mossos d’Esquadra. Marchena confirmaba así la relevancia que tendrá para el tribunal la jornada del 28 de septiembre de 2017.

En esa fecha se encadenaron tres encuentros clave: la Junta de Seguridad entre Ministerio y conselleria de Interior, la reunión en el Palau de la Generalitat de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y la cúpula de los Mossos y otro encuentro entre los servicios de información del cuerpo catalán, la Policía Nacional y la Guardia Civil donde se analizaron los riesgos para la seguridad el 1-O.

«¿Qué mensaje quería transmitir en esa reunión y qué respuesta obtiene?», preguntó Marchena al major, que ilustró plenamente al tribunal con su respuesta: «Trasladamos la preocupación del cuerpo porque muy probablemente el 1-O habría dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando. Eso ocasionaría conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana […] Dijimos que no se equivocaran con nosotros y que el cuerpo de Mossos nunca iba a quebrar con la legalidad o la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista».

Trapero intentó así descuajar el relato de confabulación entre Mossos y Govern que dibujan las acusaciones para facilitar el 1-O. El major puso con su testifical en el Supremo la primera piedra de su defensa en la Audiencia Nacional, donde se expone a 11 años de cárcel por rebelión. Lo hizo hasta el punto de explicar que puso el cuerpo a disposición de la Justicia si le ordenaban detener a Carles Puigdemot tras la DUI. «La Fiscalía se ha quedado sin su cuerpo armado para la rebelión», destacaban fuentes de las defensas este viernes.

A esta tabla lanzada por Trapero se agarró el letrado de Forn, Xavier Melero, para lograr una respuesta del major favorable a su línea de defensa. Y la logró. «Hagan el trabajo que tengan que hacer, esa fue la respuesta de Puigdemont el 28 de septiembre», agregó Trapero. La pregunta del plan para detener a Puigdemont también la formuló Melero, permitiendo así que el responsable del supuesto cuerpo policial rebelde explicara que estaba dispuesto a arrestar a su supuesto comandante político. Antes, otra vez a preguntas de Melero, Trapero, al igual que el exconseller, había negado cualquier tipo de indicación o orden de Forn acerca del operativo policial del 1-O.

«Y tampoco se las hubiéramos permitido», añadió Trapero, usando, como en muchos tramos de su declaración, la primera persona del plural para referirse al conjunto del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. El major buscaba así reivindicar que los Mossos cumplieron con su labor como Policía Judicial, aunque el dispositivo no lograra cerrar todos los colegios como había mandado el TSJC. Del sumario de la causa no se desprende ningún portazo de los Mossos al Poder Judicial para entregarse al nuevo estado. De hecho, Trapero puede demostrar con documentos que se puso a disposición de jueces y fiscales tras la DUI.

El 28-S y la rebelión de los fiscales

El encuentro en la Generalitat es clave para la Fiscalía en su acusación de rebelión, basada en que los dirigentes del Govern ignoraron los avisos de los Mossos d’Esquadra sobre la violencia que se podía producir el 1-O si seguían llamando a participar en la votación, y servirse de la misma para imponer su plan unilateral hacia la independencia. Si estos riesgos son suficientes para condenar por rebelión o sedición lo tendrá que ponderar el tribunal en su sentencia.

Trapero, tal y como habían hecho otros mandos de los Mossos, confirmó que mandó estos avisos el 28-S y que pidió al Govern que desistiera de mantener la votación, pero negó con rotundidad la segunda pata de la rebelión según el Ministerio Público: el acuerdo entre Govern y Mossos para facilitar el 1-O y emplear los 17.000 agentes del cuerpo como potencial fuerza armada en favor a la secesión. Es más, se esmeró en separar la esfera política de la policial, igual que hace la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn.

De hecho, Trapero dio detalles del profundo malestar en la jefatura de la policía catalana con los miembros del Govern por la utilización política de los Mossos que en nada se parece al acuerdo entre políticos y policías catalanes sostenido por las acusaciones y los altos cargos de Interior.

Las declaraciones de Forn sobre el papel de la policía catalana el 1-O, afeó Trapero, «daban una imagen de los Mossos que no se correspondía con la realidad y que estamos pagando ahora». Y es que Forn venía repitiendo en declaraciones a los medios en los días previos al 1-O que los Mossos iban a «garantizar que la gente vote en libertad y seguridad». Todo lo contrario del aval para impedir el 1-O que Puigdemont les trasladó en privado el 28-S en la tensa reunión donde cristalizó el enfado de la policía catalana con sus políticos.

¿Qué han dicho los políticos sobre el 28-S? Forn negó que las advertencias fueran de «un escenario de violencia generalizada» y limitó la preocupación de los mandos a «incidentes puntuales». Según todos los miembros de la cúpula de los Mossos que han declarado, Forn no intervino en la reunión. Quien lo hizo para hacer caso omiso de los avisos de incidentes apelando a que el 1-O era un «mandato del pueblo», según declaró el comisario Castellví, fue Carles Puigdemont. En una entrevista en Rac-1, el expresident se limitó a negar que las advertencias incluyeran «una escalada de violencia» pero reconoció que los Mossos expusieron un «análisis de riesgos».

La Junta en Pedralbes

La de los Mossos no era la primera advertencia que el Govern recibió el 28-S para desconvocar la votación. En la Junta de Seguridad celebrada en Pedralbes en la mañana del 28 de septiembre, los representantes del Ministerio del Interior también lo hicieron. «Le dije a Puigdemont que lo más sencillo para evitar cualquier choque era desconvocar el 1-O y él respondió que ya sabía qué hacer», declaró el coordinador del dispositivo del 1-O, Diego Pérez de los Cobos.

Esta advertencia al Govern ha sido la única coincidencia entre Pérez de los Cobos y su némesis particular, Trapero, entre un mar de reproches cruzados. Los dos mandos no han escondido su enemistad y que sus posiciones respecto al dispositivo del 1-O fueron irreconciliables desde el primer minuto. Pero mientras el primero no dudó en alinearse con la Fiscalía y tildar de «estafa» el operativo de los Mossos, el segundo se limitó a hablar de «discrepancias» e incluso hizo autocrítica al reconocer que «probablemente» pudo «no defender con las palabras correctas al cuerpo de los Mossos» en las reuniones de coordinación previas al 1-O.

Una de esas reuniones, en la que no participaron los mandos máximos sino los responsables de Información de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, ha quedado en un segundo plano del juicio, pero también se celebró el 28-S. El encuentro fue relatado por primer vez en el juicio por el comisario de los Mossos Manel Castellví, y en él los tres cuerpos acordaron que “no se preveían actos de violencia” durante el referéndum.

«El escenario que se estableció en esa reunión era de colegios ocupados por todo tipo de actividades, con gente haciendo resistencia pasiva ante la actuación de la policía», concretó Castellví. El responsable de la brigada provincial de información de la Policía Nacional en Barcelona comparecerá como testigo porque ha sido propuesto por la Fiscalía. Su testimonio completará el mapa que el tribunal ya casi ha desplegado sobre el 28-S, una nueva fecha para apuntar en el calendario del procés. Y sobre todo en su sentencia.



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