La Mesa del Parlament y la Junta de Portaveus debaten este martes la revisión de la delegación del voto de Carles Puigdemont y la reforma de la Ley de la Presidencia que ha impulsado Junts per Catalunya en solitario para tratar de investir al president cesado a distancia después de que él mismo hiciera referencia a ello el domingo pasado en la entrevista con TV3 como solución a la situación de bloqueo que vive Catalunya.

En las reuniones se abordarán los recursos de Ciutadans y PP contra el permiso otorgado por la Mesa a Puigdemont para que pueda delegar su voto en los plenos en Elsa Artadi, algo que ya ha hecho efectivo después de su detención en Alemania y que el Gobierno central no ha reclamado, dejando toda responsabilidad en ese sentido a los populares catalanes. No obstante, los soberanistas cuentan con mayoría en la Mesa, ya que copan cuatro de los siete asientos con derecho a voto.

En otro orden de las cosas, se abordarán varias iniciativas del PSC y del PP contra la reforma de la Ley de la Presidencia que impulsa el partido de Puigdemont, algo que consideran en contra del Estatut de Catalunya. El PSC pidió al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que analice todas las versiones de la reforma -el texto original y las enmiendas- y el PP ha pedido a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite la última versión del texto presentada por Junts per Catalunya.

De aprobarse la ley, se crearía un marco legal para que pueda haber investidura a distancia y se nombren a los consellers desde el exterior y puedan ser efectivos estando en el extranjero.

Roger Torrent apuntó este lunes por la noche que intentar investir a Carles Puigdemont “es una posibilidad que está sobre la mesa” porque es el “presidente legítimo” de Catalunya, pero insistía en que no se pueden resignar a que no se permita la investidura de Jordi Sànchez, denegada por segunda vez por el magistrado Pablo Llarena.

Las palabras del president del Parlament en 8TV llegan después de que Puigdemont reforzara esa idea en la entrevista de TV3 del domingo por la noche al avalar la propuesta de otro candidato a la presidencia de la Generalitat en caso de persistir Llarena en su negativa y abogaba por esperar a la “reforma de la ley de la presidencia” que se ha tramitado de forma urgente en la cámara catalana. Pero este mismo lunes el portavoz del Gobierno, que en octubre animaba al president cesado a presentarse a los comicios del 21-D, reiteraba también en el canal privado catalán que Puigdemont no puede ser investido.

Con todo, Torrent mantenía que el candidato seguía siendo el mismo: Jordi Sànchez, vetado por Llarena pese a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU no vinculante que pedía que se respeten sus derechos políticos, y su apuesta por una querella por prevaricación al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana estuvo este lunes frente al instructor de la causa catalana en el alto tribunal y según su abogado, Jordi Pina, le recriminó que fuera “juez y víctima”, al haber usado en uno de sus autos la primera persona del plural en la introducción de un fragmento del Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya: “y termina el relato de la estrategia que sufrimos diciendo”. La defensa de Puigdemont, por su parte, estudia recusar a Llarena.

Otras de las cuestiones que tratarán la Mesa y la Junta es la celebración de un pleno ordinario la semana que viene y la creación de una comisión de investigación de los atentados yihadistas de Barcelona del pasado mes de agosto, impulsada por los soberanistas y respaldada por socialistas y comuns. Falta decidir quién preside esa comisión.

El pleno ordinario sería para retomar la convalidación de dos decretos firmados por el Gobierno central en nombre de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución: el retorno de una parte de la paga extra de 2012 a los funcionarios y la prórroga presupuestaria, ello después de que los letrados de la cámara avalaran que el Parlament convalide decretos sin que comparezca el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Parlament debía convalidar estos dos decretos en el pleno del 5 de abril pero la mayoría soberanista pidió que se eliminara del orden del día, con bronca incluida, para pedir al Gobierno que compareciera .

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