La Mesa del Parlament ha aprobado tramitar una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no dejar salir de la cárcel a Jordi Sànchez para ser investido president de la Generalitat en el pleno que debía celebrarse este viernes a pesar de las medidas que reclamaba el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el sentido de garantizar los derechos políticos del candidato.

La iniciativa ha visto la luz verde con los votos a favor de JxCat y ERC y los votos en contra de Cs y PSC, a pesar de las dudas expresadas por los letrados de la Cámara, quienes han dicho que ellos no recomiendan presentar la querella como Parlament porque puede que no tenga viabilidad y que es cuestionable que sea de interés público. Además, sostienen que en el Parlament, como institución, hay grupos contrarios a la iniciativa legal. En cualquier caso, consideran que hay otras vías, como que el propio Jordi Sànchez o los grupos parlamentarios presenten dicha querella.

La Mesa ha decidido encargar a los servicios jurídicos de la Cámara que presenten esta querella, iniciativa conjunta del bloque independentista, aunque los letrados han dicho que ellos no son especialistas en derecho penal.

En la Mesa se ha producido un intenso debate. Tanto es así que la representante de los Comunes, Marta Ribas, ha pedido que se encargue a un experto externo el estudio de viabilidad sobre la presentación de la querella. Mientras, ha propuesto interponer una queja formal al mismo Tribunal Supremo.

Al respecto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado la posibilidad de consultar sobre la idoneidad de presentar la denuncia, pero sí ha aceptado elevar una queja formal en paralelo a la preparación de la querella.

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