La Mesa del Parlament ha aprobado tramitar una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no dejar salir de la cárcel a Jordi Sànchez para ser investido president de la Generalitat en el pleno que debía celebrarse este viernes. Los grupos independentista argumentan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide que se respeten los derechos políticos del ex líder de la ANC. El documento al que se refieren es un acuse de recibo de la denuncia presentada ante este organismo por la defensa de Jordi Sànchez en el que el Comité recomienda que, mientras estudia la denuncia, el Estado español garantice sus derechos.

La iniciativa ha visto la luz verde con los votos a favor de JxCat y ERC y los votos en contra de Cs y PSC, a pesar de las dudas expresadas por los letrados de la Cámara. Los juristas han expresado dudas ante la presentación de esta querella en nombre del Parlament, porque puede que no tenga viabilidad y que es cuestionable que sea de interés público. Además, sostienen que en el Parlament, como institución, hay grupos contrarios a esta iniciativa. En cualquier caso, consideran que hay otras vías, como que el propio Jordi Sànchez o los grupos parlamentarios presenten dicha querella.

Los letrados desaconsejan la querella por motivos técnicos, jurídicos e institucionales

La Mesa ha decidido encargar a los servicios jurídicos de la Cámara que presenten la querella, iniciativa conjunta del bloque independentista, aunque los letrados han dicho que ellos no son especialistas en derecho penal.

En concreto, la Mesa ha acordado “interponer contra el magistrado o magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que resulten responsables de los hechos consistentes en la vulneración consciente y deliberada los derechos políticos fundamentales de los diputados del Parlament, y particularmente de los candidatos Jordi Sànchez y Jordi Turull”, por ser decisiones “manifiestamente arbitrarias, injustas y contrarias a Derecho”, según recoge el documento interno aprobado por el órgano rector de la Cámara, al que ha tenido acceso La Vanguardia.

El texto también indica que la Mesa ordena “encargar a los Servicios Jurídicos del Parlament la defensa y representación de la Cámara en este asunto, en virtud del artículo 10 de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament de Catalunya”

Intenso debate en la Mesa

En la Mesa se ha producido un intenso debate. Tanto es así que la representante de los Comunes, Marta Ribas, ha pedido que se encargue a un experto externo el estudio de viabilidad sobre la presentación de la querella. Mientras, ha propuesto interponer una queja formal al mismo Tribunal Supremo.

Al respecto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado la posibilidad de consultar sobre la idoneidad de presentar la denuncia, pero sí ha aceptado elevar una queja formal en paralelo a la preparación de la querella.

La iniciativa ha encontrado finalmente el apoyo de Catalunya En Comú-Podem, Su portavoz, Elisenda Alamany, ha dicho en rueda de prensa que su grupo ve “con buenos ojos” la querella como respuesta “a la deriva autoritaria del Estado y sus tribunales” y a “la regresión de derechos y libertades que sufre Catalunya”.

Cs y PPC advierten de posible malversación

Por contra, Cs, PSC y PPC han mostrado su frontal oposición. Así, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, criticó que Torrent “presente una querella política para presionar a los jueces”, usando a la cámara “al servicio de la defensa” de Sánchez, por lo que ha pedido a la Mesa que reconsidere su decisión. También ha adelantado que su grupo pedirá toda la documentación sobre la querella para comprobar si se destinan recursos públicos a tal fin.

En sete sentido, el portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, no ve “viabilidad” en la querella, sobre la que ha advertido de que los partidos independentistas podrían recaer en un delito de malversación de fondos públicos.

Por contra, la portavoz de PSC-Units, Eva Granados, reprochó a los soberanistas que hagan un “uso partidista” del Parlament como una “arma arrojadiza” contra el Supremo, si bien descartó que la querella pueda ser constitutiva de un delito de malversación.

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