La M-30 consume el 75% del presupuesto de Madrid para mantenimiento de vías públicas por su modelo de gestión

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El Ayuntamiento de Madrid ha destinado solo a M-30 el 75% de su presupuesto de 2018 para el mantenimiento de las vías públicas. Son 145 millones de euros de los 193 millones que el Consistorio presupuestó para arreglar las calles y calzadas de la capital, pese a que la M-30 solo representa en superficie en torno al 2% de todo el viario urbano.

Para 2019 el panorama es parecido. El Gobierno de Manuela Carmena ha logrado, por primera vez en sus casi cuatro años de mandato, tener los presupuestos del siguiente ejercicio aprobados antes de finalizar el año. En esas cuentas, el porcentaje que se destinará a mantener las calles de Madrid, otra vez, irá en su mayoría a la M-30. De los 215 millones de euros para este fin, 155 millones, el 70%, se los llevará la circunvalación.

Está dinámica se ha ido produciendo año tras año. Según los datos de los que dispone eldiario.es, del presupuesto ejecutado medio para mantenimiento de las vías entre 2011-2017, el 76% también fue a parar a M-30. Fueron 1.164 millones de euros frente a los 359 millones que se llevaron el resto de vías. En 2014 y 2015 este porcentaje superó el 80%.

¿Cómo puede el 2% del viario urbano comerse más del 70% del presupuesto para mantenimiento de las calles? La respuesta es el modelo de gestión mixta de Madrid Calle 30, la empresa semipública que mantiene la M-30, ideada por el exlcalde Alberto Ruiz Gallardón cuando soterró la vía.

El modelo económico escogido desde prácticamente su nacimiento en 2004 por el Gobierno de Gallardón consistió en garantizar unas cantidades anuales para EMESA, la empresa con la que el Ayuntamiento de Madrid comparte el accionariado de la sociedad mixta y que está formada por las constructoras ACS y Ferrovial.

Madrid Calle 30 está participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por EMESA. Al contrario que en otras sociedades mercantiles, donde en función de los resultados de la empresa y su buen o mal hacer los dividendos ascienden o descienden, en Calle 30 la cifra a repartir en dividendos es fija y garantizada por la propia Administración. Viene determinada por el modelo económico financiero firmado entre Gallardón y las constructoras para asegurar que EMESA tenga durante todo el contrato una rentabilidad de la inversión inicial que realizó del 7,053%, según detalló la Cámara de Cuentas en un informe.

Ese beneficio se calcula con los intereses de un préstamo subordinado que realizaron las constructoras a su entrada en la sociedad y el reparto de dividendos por su 20% en la empresa. En total, EMESA obtiene anualmente en torno a 15 millones de euros en beneficios por estos conceptos.

La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento es el propio Consistorio, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Para que las constructoras obtengan los beneficios pactados, el Ayuntamiento de Madrid debe abonar en torno 140 millones de euros anuales a Calle 30: el 75% del presupuesto de 2018 para mantenimiento de vías y el 70% del de 2019.

Los 140 millones que obligatoriamente el Consistorio debe destinar a M-30 provocan que se incremente el impuesto de sociedades y el IVA (impuestos que deben abonar este tipo de empresas y del que estaría exenta la Administración si la empresa fuese 100% pública). Madrid ha pagado por estos tributos 528 millones de euros entre 2005 y 2017.

El Ayuntamiento de Madrid se ahorraría en torno a 45 millones cada ejercicio en impuestos hasta 2025 si la empresa pasase a ser pública, año en que por contrato se abre una puerta a la remunicipalización de la empresa. Sumarían 300 millones que Madrid Calle 30 dejaría de pagar durante los próximos seis años en el impuesto de sociedades y el IVA, dos tributos que no tendría que abonar con una gestión pública.

40 millones para el mantenimiento de M-30

Entre impuestos y beneficios para EMESA, Madrid pierde alrededor de 60 millones de euros anuales de los 145 millones destinados al mantenimiento de M-30, pese a que sea el nombre que recibe en la partida presupuestaria.

El pago de nóminas de personal de Madrid Calle 30, las facturas de luz y agua que ascienden a casi 6 millones de euros anuales y el mantenimiento de la circunvalación le cuestan al Consistorio 40 millones al año. De estos, en torno a 28 millones son puramente para mantener la circunvalación. Y es EMESA quien recibe en exclusiva ese dinero, del cual, un tercio son beneficios, como se desprende del dictamen de la comisión de investigación de Madrid Calle 30 del Ayuntamiento de Madrid y de su propio plan económico.

Después de restar el pago de impuestos, los beneficios para las constructoras y el mantenimiento, 40 millones vuelven al Ayuntamiento de Madrid. Son los beneficios que obtiene la corporación local por poseer el 80% del accionariado de Madrid Calle 30. Pero ese dinero no se reinvierte en mantener las demás calles de la ciudad, sino que el Ayuntamiento lo pone en su balance de ingresos y por tanto pasa a engrosar el superávit de la capital.

99 millones en IFS

El portavoz de la Plataforma Campamento Sí, Sergio Fernández Paniagua, recuerda que desde la asociación vecinal llevan años denunciando esta situación que afecta al resto de las calles de Madrid que han asumido «su deterioro». «En Madrid se empieza a hablar de socavones en las calles a raíz de la creación de Madrid Calle 30», asegura.

Fernández Paniagua explica que también es una de las razones por las que desde la Plataforma han mostrado su negativa a que la solución para la A-5 pase por un túnel que conectara los municipios del sur con la almendra central. «Nuestro caballo de batalla no solo ha sido luchas por una mejora de las condiciones de los vecinos que sufren contaminación e inseguridad, sino que tampoco queríamos una solución como la de M-30 que se come muchísimos recursos para el resto de la ciudad», señala el portavoz.

Desde la Asociación Madrid Ciclista llevan meses documentando el estado del asfalto de Madrid que «afecta a la seguridad de los ciclistas». Con el hastag #bachelamación lanzaron una campaña en la que reportaban con fotos y la dirección los baches en la ciudad. Su portavoz Luis Ovalle explica a este diario que desde el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a darle solución a los baches y a fecha de mayo, tres meses después de la campaña, el 30% se habían arreglado.

Para contrarrestar el menguado presupuesto de mantenimiento que queda para el resto de calles, que representa un 98% del total al quitar M-30, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado este año 99 millones de euros a arreglar calles a través de Inversiones Financieramente Sostenibles, que se financian con el superávit municipal, de 1.043 millones en 2017. Lo que no se conoce por el momento es cuántos de esos 99 millones se han ejecutado dado que el Consistorio de la capital todavía no dispone de esos datos, indican fuentes del área de Economía y Hacienda a eldiario.es.

Dictamen de la comisión de investigación

El dictamen de la comisión de investigación de noviembre de 2017 instaba al Consistorio a recuperar la gestión de la circunvalación por ser la actual «ruinosa» para las arcas municipales. El concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato fune el vocal del partido en dicha comisión. Entonces era también el delegado de Economía y Hacienda y presidente de Madrid Calle 30.

Sánchez Mato, encargado de elaborar dos presupuestos municipales, es muy crítico con los datos que hoy desvela este diario. «Que más del 75% de los euros gastados en vías públicas en la ciudad vayan destinados al 2% de las mismas (M30) pone de manifiesto el desastroso efecto del modelo de gestión por el que optó el PP. Una gestión indirecta con empresa mixta y con un acuerdo enormemente lesivo para los intereses públicos que lo que garantiza es la rentabilidad del socio privado», critica el edil.

Pero pese a esas discrepancias con el modelo de gestión, el ahora concejal presidente de los distritos de Latina y Vicálvaro no logró remunicipalizar la vía antes de su salida de la presidencia de la sociedad mixta en diciembre de 2017 cuando fue cesado por Manuela Carmena. «La estrategia acordada para revertirlo era que hubiera respaldo del dictamen de la Comisión de Investigación para hacerlo con apoyo del PSOE. Nos faltaron unos meses para conseguirlo», asegura. «Ya habíamos iniciado las conversaciones con las empresas», añade.

El actual delegado de Economía y Hacienda y presidente de Madrid Calle 30, Jorge García Castaño, ha reiterado en varias ocasiones el interés del Gobierno municipal por recuperar la gestión, aunque ese interés no se ha materializado en las cuentas municipales: ni en 2018 ni tampoco en las cuentas de 2019 hubo una partida presupuestaria para este fin, a pesar de que el dictamen se aprobó a principios del ejercicio pasado en el Pleno municipal.

El consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, explica a este diario que el proceso de negociaciones se inició a mediados de 2018, no solo porque el modelo es «insostenible e ineficaz» sino porque «cuestiones concretas de la conservación no se daban tal y como recogían los documentos contractuales», explica Romero.

«Me resulta realmente sorprendente lo complejo que puede ser deshacer este tipo de entramados contractuales cuando su configuración, siendo realmente perjudicial económicamente, se pudo materializar», añade el consejero delegado de la sociedad mixta.

El coste de remunicipalizar antes de las elecciones

Madrid Calle 30 contrajo un préstamo con las constructoras de 111,5 millones de euros al 5,5% de interés. Fue la manera con la que EMESA cubría el 20% de los recursos propios de la sociedad. El pago de los intereses por el préstamo, el reparto de dividendos y los impuestos (IVA e impuestos de sociedades) hacen que Calle 30 genere un coste anual de 60 millones de euros que no tendría si la sociedad fuera 100% pública.

De mantenerse la gestión mixta hasta 2025, el montante en siete años será de 448 millones de euros en concepto de impuestos, intereses de la deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. Desde 2005 cuando la firma pasó a ser mixta, el Ayuntamiento lleva consumidos 653 millones de euros por estos conceptos. Si la gestión se mantiene hasta 2025, serían 1.100 millones de euros.

Si se decidiera a hacerlo, el Ayuntamiento de Madrid tendrá que asumir varios costes. Entre ellos, está el de devolver el préstamo a EMESA de 111,5 millones, un importe que el Consistorio asumirá en cualquier caso si la remunicipalización se hace en 2025 como está previsto por contrato. De hacerse ahora, podría ahorrarse durante siete años el pago del 5,5% de interés de ese préstamo.

Además, el Ayuntamiento tendría que comprar las acciones de EMESA, el 20% de la sociedad, que según calculan fuentes del Gobierno municipal estaría en torno a 100 millones de euros. Un coste que al igual que el anterior, también tendrá que asumir en 2025. La diferencia viene, por tanto, en la indemnización que el Gobierno municipal de Ahora Madrid tendrá que asumir por rescindir el contrato antes de tiempo, confirman fuentes del área de Economía y Hacienda a eldiario.es.

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y las constructoras, estancadas en este momento, se centran en esa indemnización, pero también en qué pasará con el contrato de mantenimiento de la circunvalación que EMESA tiene en exclusiva y por el que ingresa 27 millones anuales, con un beneficio del 30%. Las constructoras quieren seguir siendo las beneficiarias de ese contrato, aunque desde el Gobierno municipal aseguran que hay que estudiar el encaje legal de ese posible acuerdo para no vulnerar la ley de contratación pública.



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