Los presos independentistas han cambiado de estrategia. Y lo han hecho para que se les oiga. Es su última baza para conseguir ejercer la presión suficiente para conseguir su libertad. Los encarcelados en la causa de rebelión seguida en el Tribunal Supremo están utilizando las declaraciones indagatorias ante el juez Pablo Llarena como altavoz de denuncia de la “persecución política” que están sufriendo y la vulneración de varios de sus derechos que se está produciendo, según ellos, en el proceso judicial.

Tras seis meses de instrucción, han comprobado que la estrategia de desinflar lo ocurrido en Catalunya; de tildar la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre como “simbólica”; y de acatar la Constitución no les ha servido para evitar el procesamiento por rebelión, malversación de caudales públicos y de desobediencia.

Acatar la Constitución no les ha servido para evitar el procesamiento por rebelión y a algunos ni para eludir la cárcel

Para algunos como el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los expresidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y para el exconseller de Interior, Joaquim Forn, ni siquiera les ha servido para salir de la prisión incondicional donde están desde hace seis meses. Incluso para otros como los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, tampoco les ha valido para evitar volver a ser encarcelados una vez que fueron procesados el pasado 23 de marzo para evitar su fuga.

Por eso, y ante la inminencia del juicio, que podría llevarles años en prisión, han cambiado de estrategia y han pasado al contraataque. El hecho de que la Justicia alemana haya rechazado enviar al expresident catalán Carles Puigdemont a prisión al no ver la violencia el día del referéndum del 1 de octubre, y de que la Justicia suiza y belga tampoco se están plegando a los requerimientos de la Justicia española de entregar al resto de desplazados -cuatro exconsellers y la número dos de ERC, Marta Rovira-, ha fomentado este cambio de estrategia.

Flaco favor de Montoro

Otra de las razones del cambio, según fuentes próximas a las defensas, es que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya reconocido en una entrevista que no se han gastado fondos públicos ni en la compra de urnas para el referéndum del 1-O ni en la manutención de Puigdemont, que estuvo desde finales de octubre en Bruselas y ahora se encuentra en Berlín. No obstante, de la causa se desprende que habrían malversado al menos 1,6 millones de euros en campañas de publicidad por el referéndum a pesar de su prohibición o por el pago de los observadores internacionales, entre otros gastos.

El apoyo de terceros países que no asumen el presunto delito de rebelión y las palabras del titular de Hacienda sobre la malversación de fondos públicos para el procés ha provocado ese cambio de estrategia de los presos en la causa del Tribunal Supremo.

Tanto Junqueras, como Sànchez, Rull y Romeva se han sentado ante el juez para acusarle directamente de falta de objetividad, de vulnerar sus derechos, de impedirles tener acceso al procedimiento en condiciones. Romeva incluso le ha acusado de vulnerar los derechos de la infancia al impedir a sus hijos que puedan verle como se merecen.

Altavoz exterior

Y todo esto lo dicen no sólo para que les oiga el juez, y los magistrados del Tribunal Supremo sino para que se les oigan en el exterior. Su tesis es que ya han tirado la toalla de que Llarena les pueda dejar en libertad y retirarles la prisión preventiva por lo menos hasta que se enfrenten al juicio y se decida si son condenados, a qué delitos y a qué penas. También descartan que la Sala de Apelaciones del alto tribunal les dé la razón.

Tampoco ven que una negociación política entre el Gobierno central y los partidos independentistas pueda acabar con una solución del conflicto. Así que sólo les queda la baza internacional. Que se oigan sus consignas, sus denuncias para que se genere una presión exterior suficiente para lograr sus objetivos penales y políticos.

Este miércoles llega el turno de las declaraciones de Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa. La tendencia será que sigan la misma línea que el resto de los presos -a excepción del exconseller de Interior, Joaquim Forn, que no ha adoptado ese tono agresivo-. Seguirá la escenificación de falta de imparcialidad del Tribunal Supremo.

A este nuevo plan se suma el anuncio por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, de presentar una querella por prevaricación contra Llarena por sus resoluciones judiciales. Por ahora, todas sus decisiones han sido avaladas por la Sala de Apelaciones del alto tribunal, compuesta por otros tres magistrados.

Ahora, está pendiente de que se resuelvan los recursos contra el auto de procesamiento contra el ex Govern y los líderes independentistas por desobedecer al Tribunal Constitucional; celebrar un referéndum suspendido y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; por declarar la independencia unilateral de Catalunya, y todo esto hacerlo “bajo signos de violencia”.

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