Disolución del Parlament de Catalunya y convocatoria de nuevas elecciones. Esto es lo que debería haber sucedido este sábado 31 de marzo en la política catalana si se hubiesen cumplido los plazos estipulados de la Cámara. Sin embargo, tras las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) y los tres candidatos postulados sin éxito por las fuerzas independentistas, el interrogante del próximo president sigue sin desvelarse 100 días después de los comicios catalanes del 21 de diciembre.

El convulso otoño catalán –DUI y 155 mediante– condujo a las elecciones del 21-D. Los partidos independentistas –JxCat, ERC y CUP– sostuvieron su mayoría en escaños, algo que, sin embargo, un centenar de días después todavía no se ha traducido en un nuevo Govern.

El 17 de enero –20 días laborables después de los comicios, según lo fijado en el Reglament del Parlament– la Cámara catalana llevó a cabo la sesión constitutiva de la XII Legislatura, que sirvió para erigir a Roger Torrent como presidente del hemiciclo. Un representante de ERC que diez días laborables después debía convocar un pleno de investidura tras designar al candidato con más apoyos. Lo hizo el 30 de enero con el nombre del expresident Carles Puigdemont –por entonces desplazado en Bélgica–, aunque horas antes lo aplazó atendiendo a la resolución del TC que señalaba que el candidato debía estar ineludiblemente presente en la Cámara, además de recibir autorización judicial.

La suspensión de la sesión de investidura de Puigdemont paró los plazos durante más de un mes y medio, hasta que se postuló a Turull

La suspensión dejó la legislatura catalana en un limbo temporal, sin poner en marcha el reloj de dos meses para escoger president que se activa con la primera votación de un candidato, según marca la ley de la Presidència de la Generalitat i del Govern. Un reloj que restó parado hasta el pasado 22 de marzo, cuando tras la imposibilidad de presentar a Puigdemont –fuera del país– y Jordi Sànchez –encarcelado en Soto del Real–, JxCat y ERC personificaron en Jordi Turull su acuerdo de gobierno. Un plan C que la CUP rechazó, lo que provocó una investidura fallida que, sin embargo, abrió al fin los plazos para elegir presidente de la Generalitat.

El 22 de mayo es la fecha límite para que la mayoría independentista del Parlament invista un nuevo president dado que, en caso contrario, “la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente de la Generalitat en funciones –en este caso, Mariano Rajoy en virtud del 155– convoca elecciones de modo inmediato”, según la ley antes mentada. Una repetición electoral que, sobre el papel, se llevarían a cabo en pleno verano, el 15 de julio.

¿Volver a Sànchez o presentar un plan D?

JxCat y ERC han insistido por activa y por pasiva que su intención es evitar unas nuevas elecciones, aunque ambas formaciones siguen sin presentar un nombre que también convenza a los decisivos cuatro diputados de la CUP. Los junteros están estudiando todos los escenarios, desde volver a postular a Puigdemont hasta presentar un plan D, aunque la opción que cobra más fuerza es la de Jordi Sànchez.

El expresidente de la ANC presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que al admitir a trámite la denuncia instó al Estado español a “garantizar los derechos políticos” de Sànchez. Un extremo que los equipos legales de JxCat y ERC plantean explotar para forzar un nuevo posicionamiento del Tribunal Supremo. En caso contrario, en la terna del plan D se barajan varias opciones, desde nombres del PDeCAT como Marc Solsona, hasta independientes de JxCat como Elsa Artadi y Quim Torra e incluso una figura de consenso como el republicano Ernest Maragall.

El complejo triángulo JxCat, ERC y Puigdemont

Mientras tanto, de puertas afuera JxCat sigue insistiendo en Puigdemont: “Cualquier otra solución será provisional”, sostenía este sábado el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa. “Es nuestro presidente y así le reconocemos”, añadía, tras explicar que el plan de la denominada llista del president es volver a situarlo al frente del Govern durante la legislatura. Un cometido para el que Puigdemont debería conservar su acta de diputado.

ERC es más tibia con tal opción y, en palabras del nuevo adjunto a la presidencia del partido, Pere Aragonès, repetían de nuevo la necesidad de “acompañar la denuncia de la imposibilidad de investir a Carles Puigdemont por la acción judicial arbitraria del Estado con un Govern que pueda designar consellers y sea efectivo”. Y es que el objetivo urgente marcado por los republicanos es “recuperar las instituciones”.

Por el camino se han planteado alternativas como el “gobierno de concentración” propuesto por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; o el “frente democrático” que englobe desde el PSC hasta la CUP y un ejecutivo técnico temporal de independientes formulado por el jefe de filas de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech. Dos fotos con escasas vías de prosperar en la materialización del Govern más allá de acuerdos puntuales durante la legislatura.

Por todo ello, 100 días después de las elecciones del 21-D Catalunya sigue sin nuevo Govern. El reloj ya descuenta los días, aunque aún ofrece margen: algo más de siete semanas y media para que las fuerzas soberanistas invistan un nuevo president. Una carrera que discurre en paralelo al frente judicial abierto en el Supremo, Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza. Todo un mundo al vertiginoso ritmo que marcha la política catalana.

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