La Guardia Civil sospecha que se pudo utilizar dinero de las subvenciones concedidas al grupo parlamentario Junts pel Sí (JxS) para sufragar gastos de promoción del referéndum del 1 de octubre. Así lo recoge en un último informe entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y al que ha tenido acceso La Vanguardia después de que se haya levantado el secreto de sumario sobre la pieza relativa a la malversación de fondos públicos para la organización del 1-O.

Los investigadores llegan a esta primera conclusión después de identificar un pago total de 17.690 euros por el contrato de la cesión del espacio del Teatre Nacional de Catalunya, firmado por Jordi Turull -encarcelado el pasado 23 de marzo-,en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Si, para un acto celebrado el pasado 4 de julio.

Ese acto, según la Guardia Civil, tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobretodo el voto del ‘Sí’ en el referéndum. “La organización del acto celebrado en el TNC fue gestionado y abonado por Junts pel Sí, por lo que éste grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum”, sostiene el documento.

La Mesa del Parlament, conocedora

Según explica la Guardia Civil, JxS tiene que rendir cuentas anualmente, a la mesa parlamentaria, de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, “por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por el grupo parlamentario y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el Teatro Nacional de Catalunya”.

Además, ya avanza nuevas líneas de investigación sobre la malversación, como los posibles pagos con fondos públicos de unos informes, realizados por el jurista Carles Viver Pi Sunyer o su entorno, relacionados con la preparación de referéndum y de los gastos empleados para el acondicionamiento de un ‘Call Center’ donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como del material, principalmente informático para ese evento”. Por el material informático, la Guardia Civil fija por ahora un gasto de 40.227 euros; y por la compra de papeletas lo aumenta a 152.578 euros.

Contradicción a Montoro

En plena revuelo por la afirmación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no hay constancia del uso de dinero público para el 1-O, los investigadores han encontrado nuevas partidas de fondos de la Generalitat utilizados para la organización del referéndum e incrementa el dinero presuntamente malversación de 1,6 millones de euros conocidos hasta ahora hasta 1,9 millones de euros.

Este nuevo informe aumenta las cantidades presuntamente malversadas. Llarena ya tenía acreditado con anterioridad otros gastos como el de los 502.000 euros en campañas de publicidad a favor del referéndum a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Además, constataron el uso de 980.000 euros para el pago a la empresa Unipost para la distribución de sobres. Esa cantidad habría salido de los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Asuntos Sociales, y de Presidencia.

Informe de la Guardia Civil sobre los gastos del 1-O Informe de la Guardia Civil sobre los gastos del 1-O (LVD)

Òmnium como sociedad interpuesta

En este nuevo informe fechado el pasado 28 de marzo, la Guardia Civil sospecha que la Generalitat, a través secretario de Difusión del Departamento de Presidencia, utilizó a la asociación Òmnium Cultural -cuyo presidente en el momento de los hechos, Jordi Cuixart, se encuentra en prisión- como sociedad interpuesta “para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar en el ilegal referéndum del 1-O”.

”La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Òmnium para ocultar que no era la propia Generalitat, la que sufragaba los gastos de estos carteles. La valoración de esos carteles, que encargó Òmnium (impresión y reparto), fue de 61.879 euros”, recoge el documento.

Otro de los gastos que fija son los de la Conselleria de Relaciones Internacionales que dirigía Raül Romeva -en prisión incondicional desde la notificación del auto de procesamiento-, desde la que se utilizó de manera irregular 217.656.22 euros por diversos gastos, entre ellos el del pago de observadores internacionales.

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