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La que fuera directora de Servicios de la Consejería de Presidencia de Cataluña Teresa Prohias, que ya fue condenada en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la gestión del 9-N, ha atribuido este jueves a los servicios jurídicos de su departamento la recomendación de no abonar los gastos que generaron dos campañas publicitarias que según la acusación fueron utilizadas para publicitar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El minucioso interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal y de la abogada del Estado Rosa María Seoane durante la sesión del juicio por el ‘procés’ en el Tribunal Supremo ha puesto en serias dificultades a la testigo, que ha respondido con evasivas a su conocimiento de la gestión económica de dos campañas realizadas en semanas previas al 1-O, las referidas al Registro de Catalanes en el Exterior y la denominada “Civisme”, consistente en una imagen de unas vías.

Respecto de la primera de estas campañas, Prohias ha reconocido que se trataba de un contrato menor que recuerda haber firmado aunque, tras conocer las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona consultó a la asesoría jurídica de su departamento -el de Presidencia, del que era responsable el acusado Jordi Turull- que emitió una nota recomendando la suspensión del pago basándose “en un artículo de la Ley de finanzas”, según ha manifestado.

Más problemas le ha causado a esta testigo aclarar el significado de dos facturas -por valor de 93.179 y más de 184.000 euros- que constan en la causa del Juzgado de Barcelona como relacionadas con una campaña denominada “Civisme’ y que fueron emitidas por la Corporación de Medios catalana que tenía firmado un contrato-marco con la Generalitat para la difusión de sus campañas institucionales.

A este respecto, la testigo ha rechazado que su departamento solicitara un servicio que pudiera generar dichas facturas y ha explicado que tras conocer la reclamación sobre las mismas solicitó igualmente su opinión a la asesoría jurídica, que emitió una nota en la que hacía mención a que la Corporación “tiene unos compromisos de servicio público” y ya había que considerarlas como pagadas.

Prohias remitió un escrito a Hacienda el 20 de febrero de 2018 explicando esta incidencia, según ha reconocido a preguntas de la fiscal. “En este caso no había expediente de contratación, y si no hay expediente, no existe ese gasto”, ha manifestado en repetidas ocasiones.

Tampoco ha podido dar cuenta de unas facturas encontradas en Unipost – la empresa donde la Guardia Civil se incautó de miles de tarjetas censales dirigidas a la consulta ilegal- por un gasto superior a 240.000 euros, y únicamente ha reconocido dos pedidos menores anteriores por 6.000 y 12.000 euros.

“¿Se lo inventó Unipost?”, le ha preguntado la fiscal, a lo que la testigo ha contestado que ella no había dicho tal cosa. Seguidamente ha explicado que tras ser informada de la factura de Unipost por la Guardia Civil revisó la plataforma informática de expedientes de la Consejería “y no había ninguna” por el citado importe.

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