Jordi Turull, ahora encarcelado en Estremera, no pudo ser investido president de la Generalitat el pasado jueves 22 de marzo al contar sólo con 64 votos en la primera votación después de que la CUP mantuviera sus cuatro abstenciones, algo que la formación anticapitalista garantiza a un candidato soberanista “por solidaridad antirrepresiva”, en palabras de Carles Riera.

Entonces el jefe de filas de la CUP en el Parlament emplazó a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a cometer un “pequeño acto de desobediencia” y permitir el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín para que en la segunda votación, prevista para el sábado siguiente, contaran con mayoría simple; pues no iban a cambiar el sentido de su voto y los soberanistas requerían mínimo 66 escaños favorables. El encarcelamiento del candidato a president de otros diputados bloqueó ese segundo pleno y dejó el cronómetro en marcha para que haya nuevas elecciones si el 22 de mayo no hay investidura.

Tras ser detenido en Alemania, Puigdemont votó en el pleno de la semana pasada con el voto delegado en Artadi

La reactivación de las euroórdenes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra Puigdemont, Comín y otros líderes soberanistas ha facilitado ahora de forma colateral la mayoría simple de los soberanistas. Cuestionado por los letrados del Parlament, Llarena permitió el voto delegado de los políticos encarcelados en un auto de enero en el que denegaba asistir al Parlament a los presos y la semana pasada la Mesa del Parlament aceptó la delegación del voto de Puigdemont al ver equiparable la situación del president cesado, que fue detenido en Alemania y está a la espera de que se resuelva la petición de entrega de la justicia española.

De hecho, Puigdemont ya ejerció su voto delegado en Elsa Artadi en el pleno de hace una semana y no hubo reacción del Gobierno español, que dejó las acciones correspondientes en manos del PPC. Tanto los populares catalanes como Ciutadans han presentado recursos que la Mesa resolverá antes del pleno de investidura.

El Parlament, a expensas del juez del Tribunal Supremo, tiene previsto un pleno de investidura para este viernes a las diez de la mañana con Jordi Sànchez como candidato, que reactivó su candidatura a la presidencia después del primer intento a principios de marzo -vetado por Llarena- aupado por la resolución no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU que pedía que se respeten sus derechos políticos.

ERC estudia pedir la delegación del voto de Toni Comín, que se presentó ante la justicia belga y está también a la espera de que se resuelva su extradición.“Estamos valorando todas las alternativas. En caso de que no pueda ser la delegación de voto, sí que estamos trabajando para una posible renuncia del escaño para hacer valer la mayoría independentista”, apuntó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, al lunes al respecto.

Pero todo este tiempo el diputado electo ha insistido desde Bruselas en no renunciar a su acta de diputado. “La situación procesal es idéntica, los dos estamos en libertad con condiciones, sin posibilidad de abandonar el país, y por tanto es imprescindible que estudiemos cómo llevar a cabo una delegación de voto”, apuntaba Comín esta semana, que pedía estudiar todas las vías.

La opción que quedará para los soberanistas en caso de que se revoque el voto delegado de Puigdemont y no se autorice el de Comín es que ambos renuncien al acta si quieren que la investidura -aún en el aire- sea efectiva. Algo que ambos han rechazado en repetidas ocasiones.

Por ahora, Torrent no cuenta con una respuesta de Llarena, al que ha emplazado este jueves nuevamente desde la Cadena SER a que oiga la resolución de la ONU. No está garantizado que haya una respuesta del magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal antes de este viernes.

El Tribunal Constitucional el 27 de enero avisó de que cualquier candidato a la investidura debía estar presente en el Parlament en las medidas cautelares acordadas tras el recurso del Gobierno por una posible investidura de Puigdemont, que no fue resuelto ni admitido y no contaba con el visto bueno del Consejo de Estado. Sea como sea, desde el hemiciclo catalán miran al Supremo esperando un pronunciamiento.

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