La presión política y judicial sobre la anterior cúpula del Canal de Isabel II comienza a cobrarse sus primeras víctimas. El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión de su cargo. La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.

Canalda sostiene que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública “siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban”, pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para “no perjudicar” a la institución.

El dimitido presidente de la Cámara de Cuentas ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de esta partido. Dos dardos para el expresidente regional y exlíder del PP de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, salpicado por la trama.

La dimisión se ejecuta después de que el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, haya citado como investigados a los 24 miembros de la anterior cúpula del Canal relacionada con el polémico movimiento empresarial del Canal en América: la compra de la filial Inassa en el año 2001, un pelotazo de 73 millones de dólares frenado por vía judicial. Entre los citados se encuentran el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el ya ex presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda; y el ex consejero madrileño Pedro Calvo.

El único que, de momento, se ha librado es el ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, que presidía el Consejo de Gobierno que autorizó esta adquisición y de la cual ha asegurado sentirse “orgulloso”. Su futura imputación no ha quedado descartada por la Fiscalía quien ha filtrado que podría llegar cuando se acabe de analizar toda la documentación.

El juez, sin embargo, avisa de que esa información, la de la documentación que Gallardón y su gabinete manejaron, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación”.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Gallardón por un total de 73 millones de dólares con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 investigar a Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.

Gallardón, hasta la fecha, ha negado que haya hablado sobre el Canal con el expresidente madrileño Ignacio González, investigado en el caso Lezo, o que haya llegado a “algún tipo de acuerdo” con él o con alguien de su entorno. ”No, rotundamente no”, ha sostenido, al tiempo que ha resaltado las “diferencias políticas” entre él y González así como sus distintos criterios acerca del “modo de gestión” del Canal. ”Si otros han obrado mal es su responsabilidad, no la mía”, ha llegado a decir más adelante en una referencia implícita a González.

La compra del 75 % de las acciones de la empresa colombiana Inassa se cerró a través de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América, un asunto que Gallardón asegura que desconocía en su momento. Con todo, ha comentado que si hubiera tenido la información de la que dispone actualmente sobre este asunto lo hubiese autorizado “exactamente igual”. Gallardón ha subrayado que la compra de Inassa y la manera de ejecutarla fue “legal y beneficioso para los madrileños”, por lo que lo considera “ético”.

Gallardón asegura que volvería a autorizar la operación ya que fue “un éxito”

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