La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada “Operación Tándem”. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según confirman fuentes jurídicas.

La Sala ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por los dos comisarios contra el auto del juez instructor de la causa, Diego de Egea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que confirmó la prisión incondicional acordada por la juez Carmen Lamela, el pasado 5 de noviembre, tras tomarles declaración. Aún está pendiente de resolver el recurso de apelación del abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, que también fue encarcelado junto a los dos comisarios.

De esta manera, la Sección Tercera, presidida por Alfonso Guevara, ha estimado los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que se oponía a su puesta en libertad por un fuerte riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Su puesta en libertad pondría en riesgo la investigación, una vez que el instructor ya ha remitido comisiones rogatorias a diversos países como Suiza, Uruguay o Panamá en busca del dinero que podría ocultar, principalmente el ex comisario Vilarejo.

Los investigadores sospechan que Salamanca y Villarejo han llevado a cabo juntos negocios con dinero de procedencia ilícita. Los hechos objeto de investigación podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Villarejo y Salamanca, junto a dos de sus hijos, la mujer del primero y el abogado y socio de éste, Rafael Redondo, fueron detenidos por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón.

Tanto Villarejo -conocido por formar parte de las denominadas ‘cloacas del Estado’- como Salamanca -ex comisario del aeropuerto de Barajas- montaron un negocio ilegal, según los investigadores, basado en la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios. A Salamanca, además, se le investiga por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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