Ocho años, cinco meses y veintitrés días después de que estallara el escándalo, el caso del Palau de la Música tendrá mañana su primera verdad oficial: la Audiencia de Barcelona hará pública la sentencia de la causa. Un documento que resolverá la gran incógnita que queda sobre el asunto: si Convergència Democràtica de Catalunya y su extesorero, Daniel Osàcar, son condenados por financiar al partido con comisiones ilegales por medio de la institución cultural.

Porque este asunto dio un giro los días 8 y 9 de marzo del pasado año, al inicio de las sesiones del juicio, cuando Félix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma confesaron públicamente que se vehiculaban pagos a CDC desde el Palau a cambio de concesiones de obra pública, de la que se beneficiaba Ferrovial; algo sobre lo que no habían abierto la boca hasta entonces. Sus testimonios que fueron negados en sus turnos por el extesorero de la formación y un directivo y un exdirectivo de la empresa, pero el caso se centraba ya no tanto en el desfalco como en la posible financiación ilegal del partido, que es lo que resolverá el tribunal.

La primera resolución judicial sobre el desvío de fondos llega a los 8 años, 5 meses y 23 días de estallar el caso

Estos actos de contrición se produjeron a consecuencia del acuerdo al que llegaron Félix Millet y Jordi y Gemma Montull con la Fiscalía; pacto que supuso una sustancial rebaja de la petición de pena para Gemma Montull, que si es aceptada por la Sala (no hay que olvidar que hay acusaciones públicas y particulares que no se han atenido a este guión), supondrá que no tendrá que ingresar en prisión.

En el banquillo de la sección décima de la Audiencia de Barcelona se sentaron quince personas, pero es evidente que su trascendencia mediática no es la misma: hay actores principales, y otros secundarios. Entre los primeros destacan los antiguos directivos del Palau de la Música: Félix Millet, el que fuera su presidente; Jordi Montull, su mano derecha; y Gemma Montull, hija de éste último y antigua directora financiera. Los dos primeros aceptaron el desvío de fondos de la institución en beneficio propio, primero, y luego las comisiones, después.

Luego está el núcleo sobre el que gravita el tema de las comisiones ilícitas. La tesis de la Fiscalía es que bajo el paraguas de patrocinar la entidad, Ferrovial canalizaba fondos a CDC a cambio de que se le concediera obra pública, siendo las más señeras la Ciutat de la Justícia o la línea 9 del metro; cantidades que bordeaban la fantasmagórica cifra del 3%. El método era abonos en efectivo, o convenios con la fundación del partido, CatDem, o pagos del Palau a empresas que en realidad trabajaban para CDC. Aquí están acusados el extesorero de a formación, Daniel Osàcar; el director de relaciones institucionales de Ferrovial, Juan Elizaga; y el exdirector general de la firma en Catalunya, Pedro Buenaventura.

Los procesos judiciales no siempre pueden llegar a una verdad absoluta sobre lo que escrutan, pero se llega a una verdad formal. Mañana tendremos la primera verdad formal sobre el Palau de la Música (porque es seguro que habrá recursos al Tribunal Supremo): cuánto dinero se desvió y cómo. Llega ocho años, cinco meses y 23 días después de que el asunto se hiciera público, cuando el 23 de julio de 2009 la Fiscalía Anticorrupción registró el Palau de la Música. El juicio se desarrolló entre el 1 de marzo y el 16 de junio. Es evidente el impacto que ha tenido el caso para CDC: la fundación del partido cambió de nombre de Trias Fargas a CatDem, e incluso el partido mutó a PdCat, que deberá asumir el pago en caso de condena. La formación tiene embargadas 16 sedes para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias. Y no faltan los analistas que añaden el Palau como motivo para el segundo paso al lado de Artur Mas. La respuesta a la incógnita CDC se despeja mañana.

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