La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo para frenar la supresión del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) que el Gobierno central ordenó liquidar el pasado viernes bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

En un comunicado, la ACM ha considerado que debe ser el órgano ejecutivo del Diplocat “quien proponga y adopte la decisión de disolución” y que su liquidación no es posible “sin la convocatoria de su máximo órgano de gobierno”, según la entidad.

El presidente de la ACM, Miquel Buch, tacha la liquidación del Diplocat de “impulsiva y chapucera”

El presidente de la ACM, Miquel Buch, ha tachado de “impulsiva y chapucera” la manera en que se ha producido la liquidación del ente, del que ha dicho que debe mantener su actividad porque “los entes locales forman parte activa y valoran muy positivamente su actividad”.

La ACM entiende que la liquidación del órgano sobrepasa las finalidades del 155 y considera que su disolución tendrá una “afectación directa” para sus trabajadores, que verán finalizados sus contratos de trabajo. En este sentido, Buch ha recordado que “no se han tenido en cuenta los daños colaterales en una decisión que de imposible o muy difícil reparación en el futuro”.

Por todo ello, la Associació Catalana de Municipis pide que se tomen medidas cautelares para frenar el proceso de liquidación del Diplocat.

El Ayuntamiento de Barcelona ya presentó un recurso el pasado viernes

El pasado viernes el Ayuntamiento de Barcelona también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la disolución del Dipocat ya que consideró que el Gobierno central se “extralimitaba” en las competencias que le confiere el artículo 155 de la Constitución.

Tanto la ACM como el Ayuntamiento de Barcelona forman parte del consorcio público-privado del Diplocat y son miembros del órgano ejecutivo del ente y del plenario.

El Diplocat es un consorcio adscrito a la Generalitat de Catalunya con personalidad jurídica propia, y está integrado por 39 miembros, entre ellos varias administraciones públicas y varios actores sociales y económicos de Catalunya.

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