Desvincular el sistema judicial catalán del español, controlar la hacienda y la seguridad ciudadana y territorial, implementar la ley de Transitoriedad jurídica y llevar adelante el proceso constituyente para implementar una república. Son cuatro medidas del primer borrador de la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para los próximos meses.

El documento, abierto a cambios, tiene que pasar un primer filtro este sábado en una reunión del Secretariado de la entidad y se someterá a las enmiendas de las bases antes de recibir el último visto bueno a la asamblea general ordinaria que la ANC celebrará el 18 de febrero.

El documento, abierto a cambios, tiene que pasar un primer filtro este sábado en una reunión del Secretariado de la entidad

En la propuesta inicial, que han avanzado algunos medios y al que ha tenido acceso la ACN, la entidad soberanista quiere instar al Gobierno y al Parlament a trabajar en este sentido y pide la restitución del “Gobierno legítimo”, la derogación de la aplicación del artículo 155, la liberación “de los presos políticos” y el regreso de los dirigentes que están en Bruselas.

Asimismo, se propone contactar con otros actores para denunciar en tribunales internacionales “cada una de las injerencias o ataques recibidos” por parte del Estado. En este sentido, la ANC plantea movilizaciones ciudadanas “para que el 155 no se pueda volver a aplicar ni política, ni social, ni operativamente”.

Entre los escenarios de futuro que vislumbra la entidad se encuentra la celebración de un eventual referéndum de autodeterminación acordado con el Estado

Para poder hacer efectiva la implementación de esta eventual “república”, la ANC considera que el Govern debe “desvincular el sistema judicial catalán del Estado español, el control de la hacienda, de la seguridad ciudadana y del territorio”, además de reactivar la actividad “diplomática” de la Generalitat.

Entre los escenarios de futuro que vislumbra la entidad se encuentra la celebración de un eventual referéndum de autodeterminación acordado con el Estado, aunque la ANC supeditaría la participación en el plebiscito a la “intervención de una parte de la comunidad internacional” para evitar que se impongan “unas condiciones inadmisibles”.

A nivel interno, la ANC reconoce en el documento que su actual estructura organizativa ralentiza la toma de decisiones, por lo que exponen la necesidad de emprender “un proceso de reestructuración” que podrían abarcar unos nuevos estatutos para hacer de la ANC “una entidad más eficiente y ágil”.

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