La abogada Rachel Lindon, que forma parte del equipo que presentó el pasado 1 de febrero una petición ante el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para que establezca si la prisión preventiva de los Jordis y de Oriol Junqueras vulnera derechos internacionales, tiene claro que sus clientes “son presos políticos”, desde el momento en que “están en la cárcel por sus ideas políticas”.

Lindon, en conversación con Público, explica que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, se han limitado a “ejercer sus derechos de expresión, de opinión y de participación política”, por lo que su detención ha sido “arbitraria”.

La petición ante la ONU solicita que el organismo internacional exija a España la “inmediata liberación” de Junqueras y de los ‘Jordis’, así como que “tome todas las medidas necesarias para poner fin a las numerosas violaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” que consideran que se han producido en el caso. Los dictámenes de ese organismo de la ONU no son vinculantes, pero Lindon precisa que “sin ser vinculantes, los tribunales internacionales los tienen en cuenta, y Estrasburgo lo tendrá en cuenta más adelante”, avanzando un futuro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en la ciudad francesa. Las decisiones de este tribunal sí son vinculantes para los estados miembros, aunque no de forma automática, y son los tribunales nacionales los que deben implementarlas.

“Se ha hablado demasiado poco de las detenciones”

Aun antes de llegar a Estrasburgo, Lindon añade que la decisión del organismo de la ONU, que está convencida que dará la razón a los Jordis y a Junqueras, representará un “toque de atención importante al Gobierno español”. También en cuanto a la “opinión pública internacional”. En este sentido, la abogada recuerda que a nivel internacional se trató mucho en su momento de la “violencia” policial de la jornada del referéndum del 1-O, pero que “se ha hablado demasiado poco de las detenciones que se están produciendo desde hace meses en España”, en alusión no sólo a los ‘Jordis’ y a Junqueras, sino también al conseller cesado Joaquim Forn, también en prisión preventiva, y al resto de consellers cesados que pasaron igualmente por la cárcel.

La petición ante la ONU va dirigida “al Estado español”, y no específicamente al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero Lindon precisa que “en este caso, hemos visto pruebas de que la justicia española no ha sido independiente”. Y pone como ejemplo las “inaceptables declaraciones” de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando afirmó que el presidente Mariano Rajoy había “descabezado” al independentismo. “Esto no nos parecen pruebas de independencia entre los poderes”, recalca Lindon. Que no solo destaca declaraciones, sino también resoluciones judiciales. Como las dos en que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegaba la libertad provisional a Jordi Sánchez y a Joaquim Forn argumentando, entre otros motivos, que ambos “mantienen su ideario” soberanista.

“Que mejor prueba de que están encarcelados por sus ideas”, exclama Lindon. La abogada también recuerda que los tipos penales de la sedición y la rebelión que se imputan a sus clientes “necesitan violencia”, y que esta “nunca” se ha producido por su parte. “El Gobierno español no ha podido controlar lo que quería controlar, que no haya un movimiento independentista, y se inventa una violencia“, afirma, negando de hecho de nuevo la separación de poderes efectiva en este caso. En cuanto a la violencia, Lindon también se escandaliza de algunas resoluciones del juez Llarena en que “se habla de la probabilidad de violencia” en las movilizaciones independentistas convocadas por sus clientes. Recuerda que estas resoluciones vienen a decir que los acusados “tenían que haber pensado que la policía debería responder con violencia” ante las manifestaciones. “Está escrito”, recalca Lindon. Y lo está: La última resolución del juez Llarena que deniega la libertad provisional a Sànchez, por ejemplo, afirma que los líderes independentistas “habían incitado a los partidarios de la secesión a movilizarse en la calle, con la finalidad de reforzar sus actuaciones y forzar al Estado a aceptar la independencia”, con “conocimiento de la altísima probabilidad de que esta movilización desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia, dada la fácil inferencia de que el Estado español ni permanecería pasivo ante la vulneración reiterada de la Constitución ni aceptaría sin oposición el relevo”.

“No se puede imputar por suposiciones”

“Esta es la base de todo el derecho criminal en el mundo democrático: no puedes imputar por suposiciones, ni por la probabilidad de que otras personas vayan a cometer un delito”, continua Lindon. “El razonamiento penal no es válido”, concluye. Y añade que las recientes resoluciones del juez Llarena “interpretan lo que tienen en la cabeza” los detenidos. En concreto, se refiere a la resolución que deniega la libertad de Forn, que “interpreta”, según Lindon, que la renuncia explícita del exdiputado de JxCat tanto a cualquier vía unilateral -e incluso a su escaño- puede explicarse por su deseo de abandonar la prisión. El auto de Llarena dice textualmente: “por su aspiración de eludir el gravamen que supone la medida cautelar impuesta”.

Estas resoluciones del Supremo añaden, como argumento para considerar que existe riesgo de “reiteración delictiva”, la “incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia”. “Si queda gente que cree en la independencia, los cuatro seguirán encarcelados”, resume Lindon. “Esto choca a cualquier mente bien amueblada”, se exclama.

La abogada también considera que, en relación a los casos de sus clientes se vulnera el derecho de manifestación y expresión. “Un buen ejemplo”, explica, es la orden de detención de los ‘Jordis’, “que cita las manifestaciones del 20 y 21 de octubre” ante la conselleria de Economía. Unas manifestaciones en las que “falta la violencia” que establece el código penal para el delito de sedición. Lindon señala que, con este criterio, se podría imputar sedición a los participantes en muchas manifestaciones de todo tipo, y que este tipo penal se ha aplicado en el caso de los ‘Jordis’ porque, de habérseles imputado otro delito “no podría haber prisión preventiva”. “Tenían que aumentar el nivel del delito para poder dictar prisión preventiva”, denuncia la abogada.

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