Sin actividad institucional desde la noche del 27 de octubre, los funcionarios del Palau de la Generalitat han empleado el tiempo en diseñar diferentes opciones de ceremonia de toma de posesión del president. El problema es que 155 días después de la aplicación del 155, que acabó con el Govern y supuso la intervención de la administración catalana por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, no hay planes inmediatos para una investidura viable.

La mayoría independentista está pasando por su peor momento y, aun así, se ha embarcado en una batalla por imponer su relato y salir indemne de la operación a la que se enfrenta. Hay unanimidad entre los representantes de Junts per Catalunya y ERC, “todo el mundo tiene claro hacia dónde se debe avanzar” –admiten–, pero sólo se reconoce “de puertas adentro”. Delante de los micros, la imagen de enfrentamiento se impone. “Tenemos dos meses” para transitar hasta la investidura efectiva, subrayan con resignación.

Tras las candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez y la investidura fallida de Jordi Turull, la estrategia de las defensas se ha impuesto a la acción política. La frase que repiten en JxCat y ERC es “los abogados nos dicen…”. Y lo que dicen es que exploten el filón que les ha ofrecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU para alimentar las defensas de los imputados en la causa del 1-O que están encarcelados, pero también a los que se enfrentan a procesos de extradición desde Alemania, Suiza, Escocia o Bélgica.

Forzar una investidura de Puigdemont no está sobre la mesa de los negociadores

Tanto el equipo de Ben Emmerson, con Rachel Lindon actuando ante el Comité de Derechos Humanos en nombre de Puigdemont, como Nico Krisch, que representa a Jordi Sànchez, consideran oportuno provocar una reacción del Estado español sobre las medidas provisionales que incluye el comité en la admisión de la denuncia de Sànchez. La comunicación insta al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que Sànchez ejerza sus derechos políticos, aunque se advierte que la recomendación no implica ninguna decisión sobre el fondo de la ­denuncia.

A partir de ahí, según fuentes de la negociación, tanto JxCat como ERC estudian como una posibilidad volver a poner sobre la mesa la candidatura de Sànchez. De ahí que no haya abandonado su escaño, a pesar de haber anunciado su disposición a hacerlo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo hace una semana. No obstante, esta estrategia implica primero que Jordi Turull, encarcelado en Estremera, debería renunciar a ser presidenciable y que el discurso público de JxCat manifestado incluso el viernes en el hemiciclo del Parlament –“no renunciaremos a la investidura de Puigdemont (…) somos la lista del president Puigdemont”– debe comenzar a virar.

La defensa de Puigdemont no es partidaria de que sea propuesto para una investidura estando encarcelado en Neumünster, así que la decisión está en manos de Turull, que cumple una semana en prisión. Su disposición a mantenerse como candidato era total, pero puede imponerse una estrategia de defensa unitaria que le lleve a ceder paso.

El comité de la ONU da seis meses al Estado para responder a la denuncia, pero la estrategia independentista pasa por volver a reclamar al juez Pablo Llarena la liberación de Sànchez para acudir a su investidura. Si el magistrado la rechaza, el auto del Supremo será empleado como argumento de que se instruye una causa de carácter político en los diferentes frentes judiciales abiertos.

Si el TS niega a Sànchez acudir al pleno, se denunciará que España incumple con la ONU

La confianza de las defensas es poner en evidencia el trato diferenciado de los sistemas judiciales europeos frente al español. De momento, Suiza descarta la extradición por delitos que sean susceptibles de considerarse políticos, Escocia ha dejado en libertad provisional a Clara Ponsatí mientras resuelve el caso, y en Bruselas, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret siguen desde sus casas el procedimiento.

Sólo después llegaría el plan D con un candidato sin causas pendientes con la justicia. En JxCat llevan días haciendo cábalas con nombres para un futuro Govern, que van variando en función de la presidencia. Elsa Artadi, señalada como presidenciable, siempre ha rechazado esa posibilidad, pero su nombre sigue sobre la mesa y ella asume que deberá aceptar altas responsabilidades, lo que no complace al PDECat, que preferiría optar por un alcalde de la formación. Marc Solsona, incorporado a la mesa de negociación, es el nombre en liza, pero hay más opciones municipalistas entre los diputados. ERC se mantiene a la expectativa, aunque advierte que no darán pábulo a “experimentos” con la presidencia e insisten en que la prioridad es lograr un Govern “efectivo”.

La elección del candidato añade tensión a la relación entre JxCat y el PDECat, que comenzó por la lista electoral y sigue por las finanzas del grupo parlamentario, además de las complejas comunicaciones del partido con el entorno más directo de Puigdemont. La presencia de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y el alcalde de Igualada, Marc Castells, en Neumünster no fue cómoda ya que el empresario Josep Maria Matamala, que ha acompañado a Puigdemont desde que se fue a Bruselas, ejerce de muro de contención, según fuentes conocedoras del encuentro. En cualquier caso, están condenados a entenderse de manera urgente, ya que la coordinadora general del PDECat aspira a ser elegida senadora a propuesta de JxCat.

La suspensión de siete diputados procesados obligará a renuncias para no perder la mayoría

En paralelo transcurrirá la gestión de la suspensión de los diputados encarcelados en cuanto el auto de procesamiento de Llarena sea firme. Se trata de siete votos imprescindibles para lograr una mayoría suficiente para una investidura si la CUP, tal y como ha manifestado, no presta sus votos a un candidato que no sea Carles Puigdemont. El puzle emocional y judicial es de difícil encaje, pero tanto en JxCat como en ERC asumen que deberán producirse relevos de diputados en los grupos parlamentarios para no perder la mayoría independentista en el hemiciclo. Antes del auto de Llarena, Puigdemont ya estaba dispuesto a la renuncia del escaño para lograr una investidura efectiva, mientras que Comín siempre se ha mostrado reacio a dejar el acta de diputado. De hecho, la suspensión de Comín es ya efectiva, puesto que no se ha personado en la causa y, por tanto, no ha recurrido el procesamiento. Desde ERC, hace semanas que trabajan para garantizar que todos sus votos estarán activos.

También se pretende explotar la foto del sábado 24 con los comunes y el frente en defensa de la libertad de los políticos encarcelados como una vía para desprenderse de la dependencia de la CUP. El líder de Catalunya en ­Comú, Xavier Domènech, se enfrentará a una demanda “instrumental” de sus ocho votos en el Parlament como gesto de “responsabilidad”. La presión aumentará con el avance del calendario hacia el 22 de mayo, cuando expira el plazo para una investidura y se convocarían elecciones de manera automática. El objetivo, en todo caso, es evitar elecciones. Un escenario descartado la semana pasada por JxCat, pero que la detención de Carles Puigdemont volvió a reabrir.

Si enterrados el plan B y C, JxCat no logra plantear un candidato viable, ERC no descartaría hacer su propia propuesta, tampoco exenta de dificultades, ya que el nombre con más posibilidades podría ser el del propio Roger Torrent, que obligaría a un relevo en la presidencia del Parlament. Un escenario in extremis, admiten fuentes republicanas, que podría complacer a los comunes, pero que la aritmética parlamentaria convierte en inviable sin la participación del grupo de Puigdemont.

A pesar de los llamamientos de Domènech a formar un ejecutivo de independientes –el president debe ser diputado, pero se plantea la figura de un conseller en cap técnico de reconocido prestigio–, en ERC asumen que no hay gobierno alternativo posible a su alianza con JxCat. “Nada de nada”. A corto plazo…

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