El Col·lectiu Praga, que agrupa a juristas y profesores de derecho de las universidades catalanas, ha denunciado ante distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos el sistema de las Naciones Unidas (ONU), las “violaciones de derechos humanos” que, a su juicio, han llevado a cabo distintas instituciones del Estado con motivo del referéndum del pasado 1 de octubre.

Hasta siete derechos ven vulnerados los docentes: libre expresión, reunión y manifestación, el derecho a la integridad física, la participación política, a la libertad y a un juez imparcial, todos ellos reconocidos y protegidos por el derecho internacional.

En las 20 páginas de su denuncia, los juristas enumeran algunas de estos derechos que ven vulnerados. Por ejemplo, consideran que la investigación del acto de JxSí a favor del referéndum o la prohibición de un acto en Madrid a favor del derecho a decidir lesionó los derechos a la libre expresión, reunión y manifestación.

Asimismo, creen que el 1-O la actuación policial quebró el derecho a la integridad física de los ciudadanos. Recuerdan en este sentido que el propio juez instructor de Barcelona que investiga las cargas policiales recordó en un auto que no era “ilegal ni ilícito” que los ciudadanos “se reunieran para depositar un papel sin valor legal alguno en una urna”.

La aplicación del 155, como ya indicaron los juristas en el recurso que interpusieron ante el Tribunal Supremo, creen que ha vulnerado el derecho a la participación política de los ciudadanos y de los diputados. El motivo es que este derecho implica no sólo poder elegir libremente a los representantes, sino también que estos puedan permanecer en el cargo el tiempo que legalmente les corresponde, tal y como marca el artículo 23 de la Constitución –algo que creen lesionado al disolver el Parlament el presidente del Gobierno y no el president de la Generalitat.

Y la investigación judicial al Govern cesado y a la Mesa del Parlament, que comportó la prisión incondicional para ocho exconsellers ha significado, a criterio de estos juristas, la vulneración del derecho a la libertad y a un juez imparcial, por no ser la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigar los hechos, que en cualquier no serían constitutivos de rebelión.

Todo ello, señala el Col·lectiu Praga, “ha supuesto una importante quiebra del

sistema democrático y de derecho del Estado español”. “Consideramos que existen suficientes indicios para que pueda iniciarse también a nivel internacional una investigación independiente y completa sobre la vulneración de derechos humanos que ha tenido lugar en España”, concluyen los juristas.

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