El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha registrado formalmente la petición ante el magistrado instructor de la causa por la que permanece en prisión preventiva, Pablo Llarena, la petición para ser trasladado a una cárcel catalana con el objetivo de facilitar su eventual asistencia a la sesión constitutiva del Parlament y de investidura del nuevo president de la Generalitat.

Fuentes de ERC han confirmado que los servicios jurídicos que llevan la defensa de Junqueras han registrado en el Tribunal una petición con fecha de ayer, martes 9 de enero, el mismo día en que el partido republicano registró en el Parlament la presentación de las credenciales del líder electo necesaria para recoger el acta de diputado de la próxima legislatura.

En el escrito de reclamación de traslado, la defensa suplica al magistrado que la admita “y, en sus méritos, acuerde de conformidad autorizar el traslado de Junqueras al Centro Penitenciario Brians-I (próximo a su domicilio) o a un Centro Penitenciario dependiente de la Administración Penitenciaria de Catalunya cuya proximidad, de manera que se le “desarrollar su actividad de participación política así como estar cerca de su esposa e hijos menores de edad”. De igual forma, el escrito reclama al juez que “se autoricen los permisos de salida o excarcelaciones para su asistencia al Pleno de Constitución del Parlament de Catalunya previsto para el día 17 de enero, así como al Pleno de Investidura que se producirá transcurrido un máximo de diez días desde la constitución de la cámara”.

La defensa aporta la documentación necesaria para atender dicha petición y, entre sus alegaciones recuerda que “la prisión provisional en sí misma está dotada de la nota de excepcionalidad y debe tomarse teniendo en cuenta la repercusión de la medida sobre el investigado”. Incluso llega a recordar a Llarena que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” establece que “los reclusos en espera de juicio gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción”.

Tras apelar a la “necesidad de reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad” de los reclusos, n este caso de Junqueras, la defensa reclama levantar la prisión preventiva para que evitar que se “tienda a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano”. Pero en todo caso se centra en el hecho de que los derechos de participación y representación políticas “no son objeto de restricción en situación de prisión”.

La defensa parte del hecho de que “ninguna norma restringe los derechos políticos de los presos a la estricta esfera del derecho de sufragio”, y recuerda que “así lo defiende la doctrina autorizada” al señalar que “la categoría de ‘derechos políticos’ es mucho más amplia que la del derecho al sufragio activo y pasivo”.

En definitiva, el servicio jurídico que defiende los intereses de Junqueras considera que en una situación de prisión provisional, “un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales” incluso cuando su encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la cámara legislativa o su participación en comisiones parlamentarias, donde podrían ser sustituidos. Pero “no puede implicar su inasistencia al Plenario ni la pérdida de su voto” porque eso “alteraría la función misma del Parlamento y afectaría a un poder del Estado, desnaturalizando el derecho de participación política”.

La defensa replica los argumentos usados por el tribunal en su auto de la semana pasada, donde rechazaba el levantamiento de la medida cautelar de prisión, para evitar que puedan volver a alegarse por el Supremo en esta ocasión para rechazar también el traslado. El tribunal alegaba en su escrito que el acusado ya conocía y era consciente de su condición y estaba entre rejas cuando decidió concurrir en las elecciones, a lo que la defensa alega ahora que “en modo alguno puede argüirse que (Junqueras) optó por presentarse a las elecciones conociendo su situación de encarcelamiento y que ello llevaría (mediante un razonamiento falaz) a permitir la limitación del derecho fundamental aludido”. En este sentido, recuerdan que “la postulación política de mi mandante no es táctica sino congruente con sus antiguas responsabilidades y su compromiso político público”.

Por tanto, de igual manera que “nadie abogaría por restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en prisión”, en el caso que ocupa debe “protegerse un derecho tan fundamental como el de participación política en cuya esencia se discute la legitimidad del propio sistema político y de justicia”.

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