El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha querido declarar por última vez ante el magistrado del Tribunal Supremo para defender la legalidad del referéndum y el pacifismo vivido en Catalunya aquella jornada del 1 de octubre así como de los días anteriores y posteriores.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Junqueras ha sostenido que convocar un referéndum “no es delito” y ha defendido que el derecho de autodeterminación está amparado por normas internacionales. Así lo ha asegurado ante Pablo Llarena durante su declaración indagatoria tras notificarle el auto de procesamiento.

Junqueras, que sólo ha querido responder a las preguntas de su abogado, ha negado la comisión de un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos. Respecto de este último, ha señalado que no se ha dedicado ni un solo euro del presupuesto al ‘procés’, negando así el uso de fondos públicos para preparar y celebrar el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Rechaza la rebelión y malversación

Sobre la acusación de rebelión, también la ha rechazado y ha mantenido que todas las movilizaciones vividas en Catalunya fueron “pacíficas”. Así, ha dicho defender el pacifismo, la dignidad humana y la convivencia.

Junqueras, en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre, ha sido el primer procesado en ser notificado del auto de procesamiento. Después de él, era el turno para el expresidente de la asociación ANC y candidato para la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, y del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Estos dos también están procesados por un delito de rebelión pero no de malversación de caudales públicos al no formar parte del Govern en el momento de los hechos.

Paralelamente y a primera hora de la mañana, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela había citado a todos los procesados de sedición para noticarles también el procesamiento. Se trata del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Traperl, la intendente Teresa Laplana, el exdirector general del cuerpo policial, Pere Soler, y el exsecretario general, Cesar Puig.

Siguiente paso, la Sala

En su caso, se les ha notificado la resolución por la que han sido procesados por los delitos de sedición y organización criminal pero no se les ha sometido a ningún interrogatorio. Todos ellos se han limitado a darse por notificados y rechazar las acusaciones recogidas por la instructora contra ellos.

Una vez que sean todos notificados, el siguiente paso será que la Sala de lo Penal (tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional) resuelva los recursos contra los autos de procesamiento planteados por las defensas. Una vez se conozca si se mantienen los delitos contra los procesados, se concluirá el sumario y se prepararlos escritos de acusación como paso previo para fijar la fecha del juicio.

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