Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado de JxCat, ha asegurado al Tribunal Supremo que el boicot a los desahucios y las protestas del ‘procés’ no son rebelión

En un escrito ante el juez del TS Pablo Llarena -que le investiga por rebelión-, el abogado de Sànchez pide que se le ponga en libertad provisional, tras recordar que ya ha presentado un escrito en el Parlament de “juramento o promesa” de acatar la Constitución y el Estatut.

Como ya hiciera en su declaración de este jueves ante el instructor, Sànchez insiste en su escrito que acepta “el vigente marco constitucional” y que si su grupo parlamentario “alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia, no seguirá ninguna decisión en ese sentido”.

Según el expresidente de ANC, su desmarque de la vía unilateral “no debe considerarse oportunista ni mendaz“, sino que supone “la verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista”.

Jordi Sànchez alega además que, cuando abandonó la presidencia de la ANC perdió “aquella capacidad de movilización ciudadana” en que el juez basó su decisión de encarcelarlo y recuerda que, desde que se convocaron las elecciones, “no se ha producido absolutamente ninguna alteración de la paz pública”, como lo demuestra que el Ministerio haya retirado a las fuerzas de seguridad desplegadas en Catalunya.

Forn asegura que no es un “criminal desatado”

Por su parte, el conseller catalán de Interior cesado Joaquim Forn ha pedido también al Tribunal Supremo que lo deje en libertad porque, pese a que los atestados policiales le han “satanizado” para darle un perfil de “criminal desatado”, nunca puso a los Mossos d’Esquadra “al servicio del proyecto independentista del Govern”.

Así lo sostiene Forn en un escrito, en el que insiste en que no repetirá de conseller de Interior, remarca que ante Llarena ya expresó ayer “sin ambigüedades, reservas o ambivalencias semánticas” que su “convicción y voluntad firme” se sitúan en “desplegar su actividad política en relación a los fines de consecución de un Estado propio para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que de la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan”.

Además, niega que los Mossos fueran pasivos el 1-O y el 20 de septiembre y se desvincula de los operativos policiales de esas dos jornadas, que se llevaron a cabo siguiendo criterios “estrictamente policiales”, sin que exista “remotamente” ningún “principio de prueba” de que intentara “alterar la naturaleza” de la policía catalana como cuerpo judicial y su sujeción a la ley.

“Nunca, y de ningún modo, puso (Forn) los Mossos d’Esquadra al servicio del proyecto independentista del Govern del que formaba parte. Sin duda, una tal conducta habría sido extraordinariamente grave, pero el Conseller supo disociar su compromiso con los impulsos políticos del Govern y las específicas obligaciones como conseller de Interior”, sostiene el escrito.

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