El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tiene ya en su mesa la investigación a los cuatro acompañantes del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su periplo para salir de Finlandia y llegar hasta Bélgica sin ser detenido cuando ya se había reactivado la euroorden contra él.

Según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia, el magistrado ha recibido y admitido la competencia de la denuncia interpuesta por la Fiscalía por un presunto delito de encubrimiento contra dos mossos d’Esquadra un profesor y un empresario amigo del expresidente catalán. Según estas fuentes, la Audiencia Nacional es el órgano competente al tratarse de un delito cometido por español en el extranjero.

Todos ellos iban en el coche con Puigdemont cuando la Policía alemana paró el vehículo donde viajaban y arrestó al expresidente de la Generalitat en cumplimiento de la orden europea e internacional de detención emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras dictar el auto de procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos contra el Govern cesado tras la aplicación del artículo 155, la Mesa del Parlament y los principales líderes políticos de los partidos independentistas.

Llarena activó la euroorden contra Puigdemont y el resto de investigados huidos -entre ellos la número 2 de ERC, Marta Rovira- el pasado 23 de marzo tras procesarles como responsables de convocar un referéndum ilegal el pasado 1 de octubre y dar el paso para declarar la independencia de Catalunya de manera unilateral.

En ese momento, Puigdemont se encontraba en Finlandia y decidió moverse hasta Bélgica, país donde creía que tendría posibilidades de que rechazaran su entrega. Sin embargo, finalmente fue interceptado en Alemania, arrestado y enviado a prisión hasta que el pasado jueves un tribunal decidió dejarle en libertad al considerar que no se dan los elementos de una rebelión y, por tanto, para el delito de alta traición que contempla el Código Penal alemán.

Ayuda para huir

En el vehículo iban dos conductores, ambos Mossos d’Esquadra, además de su amigo inseparable, el empresario Josep Maria Matamala y el historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, Josep Lluis Alay Rodríguez. Tras conocer los hechos, la Conselleria d’Interior de la Generalitat abrió una investigación interna contra los agentes, ya que a pesar de que estaban fuera de servicio Puigdemont ya tenía una orden de detención activa en el momento en el que le ayudaron a viajar desde Finlandia hasta Alemania, donde finalmente fue arrestado.

Tras la detención del domingo 25 de marzo en Alemania, uno de los mossos se encargó personalmente de revisar con detenimiento los bajos del coche en busca de alguna baliza. De hecho, hace dos meses, el sargento que acompañaba a Puigdemont -y que se volvió a Catalunya donde está pendiente de un expediente- ya encontró un detector de seguimientos en el vehículo que utilizaba habitualmente el expresidente y éste lo denunció a las autoridades policiales y judiciales belgas, que tienen abierta una investigación.

Tres días después de la detención de Puigdemont -que había huido de la Justicia desde antes de ser citado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela-, la Policía arrestó a los dos mossos y al historiador Josep Lluis Alay, y quienes tras negarse a declarar quedaron en libertad a la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidiera judicializar las diligencias de investigación abiertas contra ellos.

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