Imputado el comisario que hizo de nexo entre Villarejo y Francisco González como jefe de seguridad del BBVA

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Un nuevo comisario de Policía, ya jubilado, ha sido imputado en el caso Villarejo. Se trata de Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA durante buena parte del periodo de Francisco González al frente del banco, han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. Corrochano, que llegó a ser comisario general de Policía Judicial, actuó como vínculo entre el comisario Villarejo y el expresidente de la entidad, según acreditan grabaciones y contratos. Las empresas de Villarejo facturaron más de 6 millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017.

El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Al encontrarse secreta, hasta ahora no habían trascendido imputaciones ni diligencias practicadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA vía Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de «politización».

Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.

El comisario quiso incluso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos, pero en realidad se trataba del tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Se trata de los metadatos que las compañías telefónicas tienen obligación de guardar durante un año, pero nunca de su contenido. Como era habitual en el comisario, Villarejo intentó atacar a sus objetivos con cuestiones de su vida privada o íntima para luego filtrarlas a medios de comunicación con los que trabajaba.

En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. «Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo». A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupa después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.

Corrochano llegó a jefe de la estructura dedicada a combatir los delitos económicos, la corrupción y otros tipos de crimen organizado en enero de 2002, pero solo permaneció en el cargo nueve meses. En septiembre de ese año se incorporó al BBVA como jefe de seguridad y en ese puesto permaneció 16 años, hasta el pasado 2018, momento en el que le llegó la edad de jubilación. Su trayectoria en el banco es, por tanto, paralela a la de Francisco González, que llegó a la presidencia en 2000. Corrochano ha declinado atender a eldiario.es.

Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016.



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