Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, dentro del caso Gürtel, con las cuestiones previas. En la causa están acusadas 20 personas, entre los responsables de la trama, encabezados por Francisco Correa, exdirigentes del PP valenciano de Francisco Camps y nueve empresarios que confesaron, al igual que hizo Correa hace una semana, los pagos en ‘b’ al PPCV. Entre estos empresarios, el alicantino Enrique Ortiz.

Ya en la vista, el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, ha solicitado la anulación de los audios del concejal del PP arrepentido, José Luis Peñas, que iniciaron el caso Gürtel. También ha demandado la anulación de todas las diligencias posteriores a las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama en la cárcel, unas grabaciones que ya fueron anuladas en su día.

El letrado de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, por su parte, ha pedido la prescripción de todos los delitos de los que se le acusa al presunto cabecilla de la trama en Valencia al alegar que no tuvo conocimiento de estos delitos hasta el 15 de diciembre de 2014, cuando se pasó de diligencias previas a procedimiento abreviado. Según esta doctrina, estarían prescritos los delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad y delito electoral.

El abogado de Francisco Correa, que reconoció los hechos a una semana del juicio, no ha planteado ninguna cuestión previa. Precisamente, la fiscal Miriam Segura ha anunciado durante la primera sesión del juicio que rebajará su petición de pena para el cabecilla de Gürtel si éste continúa colaborando con la Justicia y se demuestra reparación del daño causado.

Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat valenciana con Francisco Camps, también ha pedido la prescripción de todos los delitos, y lo mismo ha hecho el exsecretario general del PPCV con Camps, Ricardo Costa, quien también ha pedido la prescripción de los delitos electorales y falsedad continuada.

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