A las 9.45 de la mañana, Francisco Javier Guerrero llegó fumando hasta la puerta del Palacio de Justicia de Sevilla, donde esperaban apostados tras una valla medio centenar de periodistas con sus cámaras y móviles apuntándole. “¿Qué tal estás, Javier?”, le preguntó una de las redactoras de tribunales que más lo conoce. Guerrero, pieza clave del macrofraude de los ERE, tiró el pitillo al suelo, frente a dos guardia civiles, y sonriendo a la multitud respondió: “Con frío”. Y entró en los juzgados.

Algunos periodistas entendieron “con frío” y otros “confío”. Entre estas dos ideas va a pendular el mayor juicio por corrupción política contra el Gobierno de Andalucía. Guerrero fue director general de Trabajo de la Junta, es una pieza fundamental del caso porque su mano era la que firmaba los ERE y ayudas fraudulentas. Él manejaba la partida presupuestaria 31L, dotada con 855 millones de euros, de la que salió el dinero defraudado (741 millones bajo sospecha según el fiscal). De él es la expresión “fondo de reptiles” para referirse a esa misma partida presupuestaria. De él es la expresión “criaturitas” para referirse a los intrusos, personas que incluía como beneficiarios de un ERE en una empresa en la que nunca había trabajado. De los 22 imputados, Guerrero es el que más tiempo ha pasado en prisión preventiva, afronta ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. Y, sin embargo, es el único que ha entrado tranquilo, sonriendo, relajado, hasta divertido. El resto ha llegado a los juzgados como quien entra en un cementerio.

El caso ERE, que ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla, sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes que representan 23 años de gobiernos socialistas: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los acusados se enfrentan a delitos que van de los diez años de inhabilitación para cargo público a hasta ocho años de cárcel por malversación, prevaricación y asociación ilícita.

La Policía ha vallado la plaza que hay frente al Palacio de Justicia, hay agentes armados en cada flanco del edificio, y se han establecido estrictas medidas de control para acotar los movimientos de la prensa. Hay 160 periodistas acreditados de 40 medios de comunicación distintos. Sólo nueve, los más habituales en los juzgados, tienen acceso a la sala de vistas donde se desarrolla el juicio. El resto ha sido ubicado en una sala de prensa contigua a la Audiencia. No se permite pasillear ni acercarse a los abogados durante los recesos. Los acusados han ido llegando a las 9.17 horas. Hay mucha expectación mediática, pero no se han visto ciudadanos espontáneos gritando a la entrada (una imagen habitual en los juzgados).

A las 10.00 horas, cuando ya habían entrado todos, se ha creado un tumulto de cámaras para ver llegar, por sorpresa, a Mercedes Alaya, la jueza que inició la instrucción de los ERE hace ahora siete años. Alaya fue el azote del Gobierno andaluz, suya es la versión más dura sobre el fraude, la que acusaba a toda la cúpula de la Junta de haber conspirado para malversar fondos públicos. Hoy ya no es protagonista, porque fue relevada del caso cuando eligió cambiar su plaza en el juzgado de instrucción 6 por un puesto en la Audiencia Provincial. Pero no ha querido perderse el momento. Y los medios tampoco. También ha llegado una señora en pijama, abrigada con una bata rosa y larga, que se ha pasado “a saludar a los acusados”, y luego se ha marchado.

Chaves y Griñán han llegado por separado, primero Chaves y un minuto después Griñán, seguidos de sus abogados, con rostros serios. “¡Buenos días, presidente! ¿Cómo se encuentra?”, les han gritado. “Estoy tranquilo, pero no voy a hablar”, dice Griñán. Luego en la sala de vistas se han sentado juntos (nadie les ha obligado a elegir asiento), hombro con hombro, como solían sentarse en el Consejo de Gobierno. De hecho, la primera fila de acusados, frente al presidente del tribunal, es idéntica a la que existió en el Parlamento andaluz durante muchos años.

A la izquierda de Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías (exconsejero de Presidencia), José Antonio Viera (exconsejero de Empleo). A la derecha de Chaves, Magdalena Álvarez (exconsejera de Hacienda); Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Economía) y Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación). La segunda y tercera fila la han ocupado los otros imputados hasta completar la lista de 22 exaltos cargos. Justo detrás Chaves se ha sentado Guerrero, siempre sonriente. “Empieza el final. O uno de ellos”, ha dicho dentro de sala. Muy cerca otro exconsejero de Empleo (Antonio Fernández), el único que ha pasado por la cárcel.

Esta foto, con el rostro serio de dos expresidentes y toda la cúpula de su antiguo gobierno, es un golpe durísimo para la Junta de Andalucía y para todo el socialismo. Chaves y Griñán fueron secretarios generales del PSOE andaluz y presidentes del PSOE federal. Se juzga aquí una década entera de sus gobiernos, entre 2000 y 2010. El juicio de los ERE tratará de dilucidar si el procedimiento específico que diseñó la Junta para agilizar la concesión de ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis durante esa época. Un sistema de pagos que eludió la fiscalización y el control, que permitió librar dinero sin publicidad ni concurrencia competitiva, y que en muchos casos tuvo un destino diferente al previsto y se gestionó de forma arbitraria.

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