Un empresario que trabajó durante años para el Partido Popular relató ante el juez que investiga el ‘caso Púnica’ cómo se pagaban las campañas del PP de Madrid a cambio de obra pública. Daniel Horacio Mercado explicó que hizo trabajos para el partido en las campañas de los años 2003 y 2007. Una parte no se cobraba, otra se cobraba en negro, y a cambio la gente del partido daría su nombre para adjudicaciones en la Comunidad de Madrid.

Así consta en la declaración de Mercado realizada ante el instructor Manuel García Castellón el pasado 19 de diciembre y al que ha tenido acceso La Vanguardia. En el interrogatorio realizado por las fiscales en calidad de investigado, este empresario reconoció que los ex número 2 y 3 de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, eran quienes ponían su nombre encima de la mesa de las Consejerías para recibir obra pública.

Concretamente, hizo negocio en los contratos del 1% para publicidad de las grandes obras, principalmente por los hospitales de Madrid, concedidos por el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y después por su sucesor Juan José Güemes. “Granados y González te decían: ‘verte a ver a tal o cual consejero…”.

El gerente del PP recibía ordenes

El empresario sostiene que si los dos hombres fuertes de Aguirre “no hubieran hablado con el consejero de turno no me hubieran recibido. Y añade: si “no fuera conocido por ellos posiblemente no me hubieran elegido”. Según su testimonio, el PP no le pagaba la totalidad de los trabajos realizados para las campañas electorales. Una parte era abonada en negro por parte del gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez.

Sin embargo, Mercado asegura que Gutiérrez -imputado también en el ‘caso Púnica’ por la financiación ilegal del partido- cumplía órdenes del partido. “Beltrán y González conocían el tema. Ellos sabían que no iba a pasar factura por esos trabajos. Que yo recuerde, ni González ni Granados me dijeron cómo hacerlo sino que hablara con el gerente para que me dijera cómo hacerlo. Beltrán tiene una instrucción de la gente del partido de lo que tiene que decirme”, aseguró ante el juez, tal y como consta en su declaración.

Campaña gratis como negocio

Lo que vino a explicar el empresario, es que el planteamiento de hacer trabajos gratis al PP en sus campañas era una visión puramente comercial: “si hacíamos un buen trabajo en la campaña, seríamos bien tratados en la Comunidad de Madrid”. La fiscal del caso

le insistió en varias ocasiones que las adjudicaciones que recibió a cambio eran públicas y tenían que haber pasado por concurso.

Sin embargo, el trabajo de campaña no se hacía todo gratis. parte de éste se cobraba en efectivo. “Algunas cosas me pagaban en b. Alguna parte pagaban en dinero en efectivo. Beltrán Gutiérrez nunca me lo entregó, pero a mi gente sí, seguramente”, subrayó.

“La cuenta de la vieja”

Este empresario, que aseguró al juez querer colaborar con la Justicia, fue explícito en su relación con el PP para las campañas electorales: “No era una cuenta. No existía la cuenta. Todas las horas que metí a esa campañas, y los salarios que tenía que pagar, eso lo hacíamos con un afán comercial. No lo voy a negar. Queríamos que le gustara el trabajo, que estuviese contento, pero no llevaba una cuentas de la vieja”.

Así añadió: “Ellos (el PP) no podían gastar mas de lo que podían. Beltrán tenía unos formularios que se debían presentar a la Junta Electoral con los gastos, con una cifra. Pero el partido gasta mucho más que eso. No es que no lo quieran pagar porque no tengan dinero sino porque técnicamente no lo pueden hacer”.

Cobrar a través de constructoras

A cambio de ayudar al PP con la campaña, Granados y González se encargaba, según este testimonio, de hablar con las diversas consejerías para que favorecieran a las empresas de Mercado, como Over Marketing. Así, realizar varios de los trabajos por el “famoso 1%” de publicidad estipulado en las adjudicaciones para publicitarlas. Así lo hizo con las campañas de los hospitales de Madrid y con el campus de la Justicia en la época de Alfredo Prada como consejero de Justicia.

Las diversas consejerías les contrataban para hacer estos trabajos pero sin un contrato ni licitación por medio. Según Mercado, sus empresas facturaban a las empresas constructoras adjudicatarias de la obra que debía publicitarse.

Sin embargo, reconoció que en alguna ocasión, alguna empresa, como Martinsa, mostró su desacuerdo con pagar esas facturas. Entonces, el investigado se ponía en contacto con el PP -que en última instancia era quien supuestamente le contrataba- para que arreglara los pagos.

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