No es la primera vez que el Gobierno vincula la financiación de las comunidades autónomas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pero para los socialistas ahora ha llegado demasiado lejos. Todo el PSOE está indignado con la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir sus entregas a cuenta a las autonomías para este año alegando que no puede cumplir el compromiso que adquirió en julio porque no hay PGE, un recorte que supera los 1.000 millones de euros para los Ejecutivos socialistas, que ya habían hecho sus cálculos con las cifras anteriores. Eso sí, tanto en Ferraz como en los territorios avisan a Moncloa de que se equivoca si cree que así eleva la presión para que les apoyen en el Congreso: unos y otros denuncian que es una “extorsión” que no va a tener éxito.

La comunicación del Departamento que dirige Cristóbal Montoro ha sido la última gota para el ‘cabreo’ socialista ante el retraso en el nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando los gobiernos del PSOE, y especialmente los más perjudicados por el actual sistema, de Andalucía y la Comunidad Valenciana, avisaban de que la reforma no puede esperar más y avisaban de que aumentarían su presión para forzar una negociación, llegó el siguiente mazazo: sus ingresos para este año se verán reducidos.

La carta, remitida por la secretaria general de Administración territorial del Ministerio, Beatriz Navarro, informa a las comunidades del nuevo cálculo de las entregas a cuenta de la financiación autonómica para este año, explicando que no puede seguir adelante con la mejora que se había previsto en julio de 2017, porque todavía no hay nuevos presupuestos a nivel estatal y siguen prorrogados los del año pasado. 

Un “chantaje” de 1.000 millones

De esta manera, los socialistas dejarán de percibir más de 1.000 millones de euros en total, con los que habían calculado sus cuentas, que en algunos casos están incluso ya aprobadas y que ahora ven en peligro. Todas han denunciado esta vinculación y han coincidido en verlo como un “chantaje”. Y así lo considera también la dirección de Pedro Sánchez, cuyo responsable de Economía, Manuel Escudero, tilda la comunicación de Hacienda de “carta de extorsión”.

La Comunidad Valenciana ha cifrado en más de 353 los millones de euros que van a dejar de percibir; para Castilla-La Mancha son más de 200; Aragón, 148 millones; Extremadura, 137,4 millones; Asturias, 116 millones y Baleares, algo más de 67 millones. Contaban con ello y ahora, avisa el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el Gobierno está “jugando con fuego”.

De hecho, desde Castilla-La Mancha ya se le ha avisado de que deberá asumir la responsabilidad si esta marcha atrás acaba en un “posible incumplimiento del déficit” por parte de las comunidades autónomas que, como la que preside Emiliano García-Page, ya tienen sus presupuestos aprobados para este año, con las cifras que les habían trasladado hacía meses.   

La crítica es unánime entre los gobiernos socialistas, como también lo es la exigencia al Gobierno para que deje de relacionar un asunto con el otro. Lo han hecho de manera formal, como Asturias, que en su valoración del informe de la Comisión de Expertos en materia de financiación autonómica, remitido hace semanas, ya pedía que no se vinculen las entregas a cuenta con los PGE, porque no pueden “depender de si se aprueba el techo de gasto o de si se alcanza un acuerdo puntual”. “Los ingresos anuales de cada territorio deberán vincularse siempre a la previsión de evolución de los ingresos en el ejercicio, aspecto que es completamente ajeno a este tipo de circunstancias”, defiende el Gobierno de Javier Fernández.

Pero lo remachan también con el aviso de que así no puede pretender conseguir un voto favorable para aprobar sus presupuestos, dado que no termina de atarlos con quienes vienen siendo sus socios. Desde Andalucía, el consejero de Cultura, y hasta hace unos meses portavoz del Gobierno, Miguel Angel Vázquez, ha cargado contra la “amenaza” de Montoro y ha denunciado que, de esta manera, el Ejecutivo de Rajoy busca “tapar su incapacidad para conseguir los apoyos para sacar adelante las cuentas con una extorsión política a las autonomías para intentar condicionar el voto del PSOE en el Congreso de los Diputados”. “Ni cumplen la ley ni sus compromisos y además usan malas artes buscando difuminar su aislamiento político. Menuda tropa”, lamenta Vázquez, en su blog personal

Mientras, en Ferraz tampoco se dan por aludidos con esta “presión fuera de lugar” que, denuncian, “rompe la lealtad institucional” en el país e insisten en que sólo pone de manifiesto las “dificultades” del Gobierno para que “sus socios”, con los que aprobó los presupuestos de 2017, le “ayuden” de nuevo ahora. Pero su intento de salvarse con el PSOE será estéril, aseguran. 

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