El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, ha sido condenado a nueve años y ochos meses de prisión. Su mano derecha en la entidad musical, Jordi Montull, a 7 años y seis meses por malversación. A su hija, Gemma Montull, a 4 años y 6 meses, Y al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, a cuatro años y cinco meses. Además, la sentencia impone el comiso de 6,6 millones a CDC. El fallo sostiene que Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos del Palau de la Música”.

La Audiencia de Barcelona también ha decidido absolver a los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elízaga al haber prescrito sus delitos, así como a Rosa Garicano, la exdirectora general del Palau.

Millet y Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos del Palau de la Música”

La condena a Fèlix Millet es por delito continuado de malversación y apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público, y un delito continuado de tráfico de influencias. A Jordi Montull se le condena por los delitos de malversación de dinero público, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable. Además, se le condena a una multa total de 4.120.540,17 euros y un delito de falsedad contable delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

A Gemma Montull se le condena por un delito continuado de malversación de dinero público y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable. Además se le condena también a una multa de 2.998.284,81 euros.

Jordi Montulla deberá pagar una multa total de 4.120.540,17 euros; su hija, de 2.998.284,81 euros

El Tribunal acuerda comiso de las ganancias obtenidas por CDC, Félix Millet y Jordi Montull con la comisión de tráfico de influencias, y reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha trasladado este lunes a las 9.30 horas la sentencia por el caso del saqueo del Palau de la Música por parte de Millet y Montull, y las presuntas comisiones ilegales de CDC, a los acusados, a sus abogados y al resto de partes, a quienes ha citado en una sala de vistas en el Palau de Justícia.

La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas

La notificación se ha hecho en un acto con las 38 partes: A los procesados se les hará entrega en mano de un CD con la sentencia grabada y el fallo judicial en papel, y a los abogados, un CD con la sentencia grabada.

La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas, junto a José Antonio Lagares y el propio Hernández.

La sentencia se ha hecho pública siete meses después de concluir el juicio en el que Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio

El documento aborda que Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a su hija, la exdirectora financiera Gemma Montull, saquearon de la entidad musical los 22 millones de euros que sostiene el fiscal y se pronuncia sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a cambio de obra pública y si el partido es responsable civil a título lucrativo.

La sentencia se ha hecho pública siete meses después de concluir el juicio en el que Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.

Fèlix Millet se enfrentaba a una petición de pena de 14 años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía; Jordi Montull, a diez años y diez meses de cárcel, y Gemma Montull, a dos

Fèlix Millet se enfrentaba a una petición de pena de 14 años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía; Jordi Montull, a diez años y diez meses de cárcel, y Gemma Montull, a dos, después de que los tres acusados alcanzaran el pacto con el fiscal que incluía la confesión y la rebaja de pena para que la exdirectora financiera no entrara en prisión.

En cambio, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el único miembro del partido sentado en el banquillo por las comisiones ilegales, que negó los hechos, se enfrentaba a una petición de pena de prisión de ocho años, después de que el fiscal aumentara su solicitud en medio año.

El juicio arrancó el 1 de marzo con las cuestiones previas y una semana después empezaban las declaraciones de los acusados

El juicio arrancó el 1 de marzo con las cuestiones previas y una semana después empezaban las declaraciones de los acusados con Fèlix Millet en primer lugar y su confesión por el “error brutal” de haber desviado fondos de la entidad a su beneficio personal y las explicaciones sobre que Ferrovial hacía donaciones al Palau para que llegaran a CDC a cambio de obra pública.

En la misma línea, Jordi Montull también reconoció el desfalco y explicó que las comisiones que se embolsaban -una parte iba al partido y otra a él y Millet- pasaron del 3% al 4% porque “CDC quería más dinero” y su hija Gemma lo ratificó aunque dijo que era el expresidente del Palau el que lo controlaba todo. En cambio, el extesorero Daniel Osàcar negó las acusaciones de que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través de la entidad: “Aquí se ha mentido mucho”.

El fiscal aseguró que el Palau de la Música “era la cañería por la que transitaba el dinero” que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas

En su informe final, el fiscal Emilio Sánchez Ulled aseguró que el Palau de la Música “era la cañería por la que transitaba el dinero” que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

Afirmó asimismo que en la trama del expolio de la institución había un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente en el que “parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera”.

Los acusados Millet y Montull expoliaron el Palau con el cobro de dinero en efectivo a través de cheques en ventanilla que se ingresaban después en la caja de seguridad de Millet

Según el fiscal, los acusados Millet y Montull expoliaron el Palau con el cobro de dinero en efectivo a través de cheques en ventanilla que se ingresaban después en la caja de seguridad de Millet; con las obras en sus casas particulares y con unos incentivos irregulares -”Llámenle bonus, llámenle botín”- y con viajes a destinos exóticos.

Sobre las presuntas comisiones ilegales de CDC, Ulled dijo que los tesoreros sólo eran “el gatillo de la pistola” del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales de los convergentes a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas, y que cifró en 6,6 millones de euros.

Casi ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música por primera vez, en julio de 2009, el caso quedó visto para sentencia

Tras cuatro meses y medio y una cincuentena de sesiones en los que comparecieron ante el tribunal un total de 16 acusados, el juicio quedó visto para sentencia, casi ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música por primera vez, en julio de 2009.

El caso arrancó a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona y dejó 65 cajas con 102 volúmenes, con 60.784 folios más la documentación de las diferentes piezas separadas, y lo instruyó el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, por el que pasaron varios magistrados entre su inicio y 2016, cuando se remitió a la Audiencia.

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