Maia, una de las siete Pléyades y además una bebé de tres meses, preciosa en los brazos de su madre, fue la más joven de las integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ocuparon ayer el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en el número 105 de la calle Bolívia, del distrito de Sant Martí. La protesta, que duró más de tres horas, no concluyó hasta que los responsables de este organismo oficial –participado por la Generalitat y el Ayuntamiento– se comprometieron a recibir el próximo día 10 a los activistas antidesalojos.

La acción iba dirigida en realidad contra la Mesa d’Emergències, que se halla en este mismo edificio y también codirigen la administración autonómica y la municipal. Esta entidad se encarga en teoría de buscar pisos de alquiler social y soluciones para las familias vulnerables que han sido víctimas de un desahucio o están a punto de serlo. Pero desde que una familia recibe el visto bueno hasta que le entregan las llaves de la vivienda que le han concedido pasa una media de entre seis y nueve meses.

El Síndic denuncia que 36.000 personas están en lista de espera en Barcelona para una vivienda protegida

“La Mesa d’Emergèncias está colapsada”, denuncian Lucía Delgado y Santi Mas, dos de los portavoces de la PAH. El escaso parque público de viviendas de alquiler social y la tardanza de los organismos públicos en dar respuesta al problema permite que familias que ya tienen un piso otorgado tengan que frenar –no siempre con éxito– dos y hasta tres intentos de desahucio. Este es el caso de muchas de las personas que apoyaron la protesta de ayer en la calle Bolívia.

Theo y su hijo, por ejemplo, tienen adjudicado un piso desde enero, pero ya han vivido dos intentos de desahucio, el 15 de enero y el 16 de febrero; el siguiente será el 23 de mayo, sin que sepan si para entonces ya tendrán o no el piso. Marina, con dos hijas adolescentes, se enfrenta a una espada de Damócles todavía peor, un desahucio abierto (es decir, sin fecha prevista, que se puede producir en cualquier momento, quizá ahora mismo), a pesar de que espera que la Mesa d’Emergències le dé una solución desde junio. Nadia, con dos hijas, afronta su tercer desahucio sin saber si llegará antes que el piso de emergencias que le prometieron el 18 de julio del 2017. Son historias muy parecidas a las de otros ocupantes de la sede oficial, como Nancy, Leide, Kadir, Aisha, Rachid, Noor o Lamia, que está embarazada… “Cuando me ven en las oficinas de Habitatge, a las que acudo cada día, me dicen: ‘¿Para qué vienes?’”, asegura Gabriel, en paro y padre de dos hijas.

El Síndic de Greuges denuncia que en el 2017 Barcelona tenía más de 36.000 familias en lista de espera para un piso social. La PAH agrega que la Mesa d’Emergències “no da respuestas a estas familias, que pueden ser desahuciadas mientras esperan y sin que les concedan alternativas habitacionales, salvo, en el mejor de los casos, unos días en una pensión y después sálvese quien pueda”. El problema se agrava porque quienes viven en antiguos locales comerciales sin cédula de habitabilidad –un recurso cada vez más frecuente en la capital catalana– no tienen ni siquiera derecho a entrar en la Mesa d’Emergències cuando los echan a la calle.

“Nos piden 600 euros por 25 m2 y un sofá cama”

Sandra, de 35 años, y su hija pequeña, Maia, un bebé de tres meses, fueron dos de las ocupantes del Consorci de l’Habitatge. Esta mujer y su marido son padres de otra niña, de cuatro años. Ella, auxiliar de un geriátrico, está de baja maternal; él, parado de larga duración, no cobra ningún subsidio. La pareja y sus dos hijas viven en un cubículo del Raval de 25 m2 donde sólo cabe una cuna y un sofá cama, en el que duermen el matrimonio y la mayor de sus hijas. Pagan un alquiler de 438 euros mensuales. El contrato, que firmaron en el 2015, vence el 28 de abril y la propiedad les anunció hace un mes que les subiría el recibo a 600 euros. “En estos tres años no nos hemos retrasado en el pago ni un día, aunque hemos tenido que hacer equilibrios con nuestros exiguos ingresos. Pero no podemos afrontar una subida tan grande”. Sandra y su marido fueron a la oficina de vivienda de su barrio, cuyas técnicas negociaron con el propietario una subida de 500 euros mientras la familia recibía una subvención para el pago del alquiler, “pero entonces se destaparon las verdaderas intenciones de la inmobiliaria”, dice Sandra, que sospecha que quieren echarlos para convertir esta caja de cerillas en un apartamento turístico. El martes, la víspera de la acción protesta de la PAH, la familia recibió un burofax en el que se les instaba a abandonar entre los días 28 y el 30 el salón con lavabo que ha sido su hogar estos años. Sandra, que para entonces debería haberse reincorporado a su trabajo, toma pastillas para dormir.

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