La relación entre el mundo de la noche y un grupo de mandos de la Policía Municipal de Madrid vuelve a planear sobre la actualidad de un Cuerpo que cuenta con más de 6.000 agentes. El subinspector José Luis Morcillo, quien fuera máximo responsable de la Policía local en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido expedientado por una actuación destinada presuntamente a ahorrar una fuerte sanción a una discoteca del norte de la capital.

La Unidad de Asuntos Internos investiga a Morcillo por haber coaccionado el pasado enero presuntamente a unos subordinados y maniobrar para evitar una sanción a la discoteca para la que trabaja en la actualidad Miguel Ángel Flores, el empresario condenado por cuatro homicidios imprudentes en el caso Madrid Arena.

Morcillo era el subinspector de guardia en Madrid la noche del 15 de enero de 2017. Uno de los agentes encargados de la inspección de la discoteca Lab ha declarado que Morcillo le intentó coaccionar para influir en su informe y que la sala no fuera sancionada por celebrar una fiesta de tecno, a pesar de contar únicamente con la licencia de restaurante espectáculo. Esa misma noche, Morcillo organizó una segunda inspección con las conclusiones opuestas a las de los agentes encargados de la primera.

En un interrogatorio practicado por Asuntos Internos, Morcillo declaró que, como subinspector de guardia esa noche en Madrid, decidió acudir en persona dos veces a la sala Lab y que lo mismo hizo en una veintena de inspecciones a otros tantos locales en esas horas. Asuntos Internos ha reconstruido el recorrido del teléfono móvil oficial de Morcillo y ha plasmado en un informe sus conclusiones: el subinspector únicamente salió de dependencias policiales para desplazarse a la discoteca Lab, han informado a eldiario.es fuentes conocedoras de las pesquisas.

En consecuencia, la dirección del Cuerpo ha abierto un expediente a Morcillo por una infracción grave recogida en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 4/2010, que castiga “la emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes (…)”. El expediente acabará con una propuesta de archivo o de sanción por parte del instructor.  

Morcillo llegó a la Subinspección Territorial después de ser apartado de su anterior destino, la División de Seguridad Patrimonial, en mayo 2016. Una sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ordenó anular una adjudicación a una empresa de seguridad al encontrar irregularidades en el informe técnico del que era responsable Morcillo, según adelantó eldiario.es. El Ayuntamiento de Madrid destituyó a Morcillo y con posterioridad lo destinó a una de las cuatro subinspecciones territoriales en que la Policía Municipal divide la capital.

José Luis Morcillo disfrutó de una excedencia entre 2007 y 2014, periodo en el que trabajo en la seguridad privada. En 2014, con Ana Botella en la Alcaldía, regresó a la Policía Municipal y fue destinado a la División de Seguridad Patrimonial, de la que fue destituido en mayo.

Entre un periodo y otro, Morcillo pasó dos años en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en un cargo que no existía hasta que él llegó, el Departamento de Seguridad, Salud y Prevención. La UGT se quejó por entonces de que la EMT se había convertido en un refugio para 70 “enchufados” del PP de Madrid, entre los que ubicó a José Luis Morcillo. Morcillo, con 37 años en el Cuerpo y ampliamente condecorado, preside en la actualidad una asociación de mandos de la Policía Muncipal muy crítica con la gestión de Manuela Carmena. eldiario.es se ha puesto en contacto con el subinspector Morcillo que ha declinado hacer declaraciones. “Como profesional no me está permitido”, ha dicho.

En el distrito de Chamartín, la zona de Morcillo, se encuentra Lab, concretamente en el edificio de Adif que alberga la estación de tren. Se trata de una sala que ofrece supuestamente actividades de ocio, culturales y educativas distintas a las de una discoteca. Se encuentra en el local que ocupaba Macumba, la sala que acogía la mítica sesión de after Space, el germen del imperio que levantó en la noche madrileña de los noventa el empresario Miguel Ángel Flores. Esa exitosa trayectoria se acabó supuestamente con la muerte de cuatro jóvenes en una de sus fiestas, celebrada en el Madrid Arena la noche del 1 de noviembre de 2012.

Flores, pendiente del Tribunal Supremo

La Audiencia Provincial de Madrid condenó al empresario a cuatro años de cárcel por otros tantos homicidios imprudentes. La defensa recurrió y está pendiente del fallo del Tribunal Supremo, que se conocerá en fechas próximas, según fuentes jurídicas. La Fiscalía ha solicitado que se mantenga la pena de prisión a Flores, por lo que, de confirmarse el fallo, Flores ingresaría en prisión de forma inmediata.

Después de condenar a Miguel Ángel Flores, la Audiencia Provincial atendió la petición del empresario de no ser encarcelado hasta que el Tribunal Supremo resolviera su recurso. Fue el momento en el que el Grupo Alonso, a través de su empresa Eurotransac S.L, contrató al empresario de la tragedia del Madrid Arena.

De este modo, Flores ha acabado de “gestor de desarrollo” de la empresa que explota la antigua Macumba. Fuentes policiales creen que es un subterfugio para que se vuelva a dedicar a lo que siempre ha hecho, la organización de fiestas nocturnas como la que acabó en tragedia en 2012. La reforma de la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, a raíz del caso Madrid Arena, impide a Flores figurar formalmente en su antigua ocupación.

Eurotransac S.L, la empresa del Grupo Alonso, que explota los locales donde está la discoteca Lab, se considera víctima de un supuesto acoso por parte del Ayuntamiento de Madrid. Por este motivo, la empresa presentó una querella contra el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, y el coordinador de Emergencias y Seguridad del Consistorio, Daviel Vázquez, a los que acusa de prevaricación y falsedad en documento público.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid inadmitió la querella, pero Eurotransac recurrió ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado el archivo dictado por el instructor. Los querellantes presentan la actuación de Morcillo, favorable a sus intereses, para intentar demostrar una presunta persecución por parte de las autoridades municipales.

Madrid creó una Unidad de Servició de Inspección y Evaluación en la Policía Municipal a raíz de la tragedia del Madrid Arena. Las sospechas de que la sala Lab estuviera incumpliendo su licencia hicieron que los agentes dedicados a esta unidad hayan inspeccionado en repetidas ocasiones la discoteca y sus alrededores.

A la 1:00 del 15 de enero, los agentes constataron que Lab apresentaba “zonas diáfanas con gente bailando” y que en su interior no se observaba “ninguna mesa con comida”. A las 4:05 se produjo la segunda inspección, por deseo expreso de Morcillo. Esta concluyó que se daba dentro del local “un espectáculo en vivo” y que se observaban “mesas con bandejas de comida y cocina en funcionamiento”.

En su auto de archivo de las actuaciones, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza que haya indicios de prevaricación o falsedad en documento público. “Ni las resoluciones dictadas son objetivamente injustas ni, en un plano subjetivo, se aporta con la querella una mínima acreditación de que la finalidad perseguida con tales actuaciones por parte de la Administración sea otra distinta de la que compete propia y naturalmente”, recoge el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Eso, en cuanto a la supuesta prevaricación. De la acusación de falsedad, los tres magistrados concluyen: “Una opinión o un juicio de valor, insistimos, no es un hecho y, por tanto, no puede catalogarse de cierto o mendaz. Si la querellante no está conforme con las conclusiones que alcanzan los agentes dispone de la vía administrativa y la propia contencioso-administrativa para cuestionarlos”.

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