El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018. España no sale bien parada de este documento donde se analiza a parlamentarios, jueces y fiscales. De las once recomendaciones que hace el Greco para combatir contra la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”.

El dictamen es que la situación de España es “globalmente insatisfactoria” y eso que en el anterior informe solo era seis las recomendaciones que cumplía parcialmente. Un tema en el que insiste mucho el Consejo de Europa es que los parlamentarios deben detallar en sus declaraciones de bienes los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados. Además, también tendrían que añadir las participaciones o acciones empresariales y sus ingresos por dietas o compensaciones.

Recomendaciones para los parlamentarios

Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores.

Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año, el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalles.

Así, pide que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias (incluidas dietas y compensaciones).

Piden una comunicación transparente entre el fiscal general del Estado y el Gobierno

La otra recomendación parcialmente cumplida es regular la relación de los diputados y senadores con los “lobbies”. Le parece bien que se pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero duda que la propuesta sea adoptada durante la legislatura.

En el apartado para evitar la corrupción en la Fiscalía, el Greco toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada.

Valora que exista un borrador de código ético en caso de posibles conflictos de intereses de fiscales, pero queda a la espera de su definitiva aprobación, y pide un procedimiento específico para los procesos disciplinarios a los miembros del Ministerio Fiscal.

El Greco cree que los miembros del Congreso no deberían participar en la elección de jueves

Respecto a los jueces, el Greco reitera que los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. También pide que se amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios contra magistrados.

Fuentes del Ministerio de Justicia español indicaron que el Gobierno pretende “avanzar hacia el cumplimiento pleno” de las recomendaciones del Greco, y destaca que ya existe una obligación de declarar bienes y actividades por parte de los parlamentarios, con asesoramiento jurídico por parte de los letrados de las Cortes.

Fuentes del Ministerio de Justicia, que dirige Rafael Català, aseguran que el Gobierno pretende cumplir todas las recomendaciones del Greco Fuentes del Ministerio de Justicia, que dirige Rafael Català, aseguran que el Gobierno pretende cumplir todas las recomendaciones del Greco (Nacho Gallego / EFE)

Las mismas fuentes hacen notar que profundizar en el detalle de estas declaraciones está sometido, en todo caso, al consenso de los parlamentarios, y destacaron que se facilitan por la página web del Congreso y Senado.

Justicia recuerda que ya se está discutiendo en el Congreso, a propuesta de Ciudadanos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del CGPJ y que no intervengan los partidos.

Considera que hay tiempo hasta finales de 2018, cuando acaba esta cuarta ronda del Greco, para mejorar algunos aspectos en los que ya está trabajando el Congreso o el Gobierno, por lo que el resultado final será previsiblemente mejor que el de ahora.

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