ERC quiere que todas los idiomas que se hablan en España tengan la misma consideración. Por eso, los republicanos han presentado una proposición de ley en el Congreso en la que reclaman “la protección efectiva y la promoción de las lenguas españoles oficiales distintas del castellano”. La idea del portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardà, es que el catalán, el euskera, el gallego y el occitano lleguen a ser de uso prioritario en las zonas donde se utilizan.

El artículo tres de la Constitución establece que el castellano es oficial en toda España. La propuesta de ERC plantea que también lo sean “el catalán, denominado valenciano en la Comunidad Valenciana, el euskera, el gallego y el occitano, denominado aranés en el Arán”. Además, los republicanos proponen que se “garantice” el uso de estos idiomas y que se promueva “su reconocimiento y uso en la Unión Europea y los organismos internacionales”.

Lenguas preferentes en la Administración central

De acuerdo con este nuevo marco lingüístico, ERC reclama que la Administración del Estado use de forma “preferente” el catalán en Catalunya, Valencia, Baleares y en la zona de la franja de Aragón, el euskera en el País Vasco y Navarra, el gallego en Galicia y el aranés en el Valle de Arán. Eso implicaría que tengan “validez” todas las actuaciones realizadas ante la Administración sea cuál se la lengua que se use y también que “la Jefatura del Estado y las Cortes utilicen de forma normal” cualquiera de estos idiomas.

La propuesta contempla que el DNI, el permiso de conducir, el pasaporte, el libro de familia, las tarjetas de residencia y trabajo para extranjeros y todo tipo de certificados y títulos se expidan en “la lengua oficial escogida por el interesado”. Y también plantea “disponer” de moneda, sellos oficiales, sellos postales y toda clase de efectos timbrados “en todas las lenguas oficiales”. Además, cualquiera de estos idiomas debería servir para “relacionarse” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la administración militar y las embajadas y consulados.

Servicios de traducción

Para velar por el cumplimiento de la igualdad lingüística, el Gobierno debería crear, según la propuesta de ley, un comisionado. La iniciativa pretende también que haya”personal necesario con capacitación lingüística” en catalán, gallego, euskera y occitano en todas las dependencias de la Administración del Estado ya sea “en los servicios centrales o en los periféricos”.

Así, el Estado habría de disponer de unos servicios de traducción que se sufragarían con cargo a los presupuestos generales. A esa protección económica se añadirían otras medidas como la de que “el etiquetaje, las instrucciones de uso, los catálogos o la atención al cliente estén disponibles para los consumidores preferentemente en la lengua oficial propia de la comunidad sin perjuicio de que también pueda estarlo en castellano”.

La mitad de la programación en las lenguas distintas al castellano

En esa línea, la propuesta incide en que “las emisoras de radio y televisión, públicas y privadas, con concesión para emitir en todo el territorio español emitan al menos la mitad de su programación en las lenguas oficiales distintas del castellano ya sea mediante desconexiones territoriales o mediante la disponibilidad de canales de audio diferenciados” e insiste en que esas emisiones se realicen de forma prioritaria en horario de máxima audiencia.

Los republicanos también quieren que se impulse el estudio de catalán, gallego, euskera y occitano en las “comunidades autónomas castellanohablantes, en todas las universidades y en el extranjero” y que esa protección de los idiomas que no son el castellano se visualice en los cines, el resto de productos audiovisuales, las plataformas digitales, los servicios de telefonía y los programas informáticos.

Uno de los aspectos de la proposición de ley de ERC que puede resultar más polémico es el que plantea que a los funcionarios se les “exija la acreditación previa de un nivel de conocimiento” de la lengua del territorio donde han sido destinados. Una medida que tendría su incidencia en el ámbito de la justicia.

Las actuaciones judiciales

Los republicanos plantean una modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial para jueces, fiscales y el esto de empleados de los tribunales “usen en todas las actuaciones judiciales el catalán en Catalunya, Valencia y Baleares, el euskera en el País Vasco y Navarra, el gallego en Galicia, el occitano en Arán y el castellano en el resto del Estado”.No obstante, ERC propone que se pueda utilizar el castellano en el ámbito judicial “si ninguna de las partes se opusiese”

La proposición de ERC sobre las lenguas oficiales en España no se tramitará por el momento, ya que el Gobierno considera que su aprobación “supondría un aumento de los créditos presupuestarios”. En un extenso informe la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha calculado que pagar a los traductores de la Administración central que propone contratar ERC supondría un gasto mínimo de 100 millones anuales a los que habría que sumar otros 68 millones para pagar el salario de los traductores destinados a embajadas y consuladosen el extranjero.

Enojo por el veto

La introducción de las lenguas distintas del castellano como prioritarias en el mundo de la justicia implicaría un desembolso de 737 millones, según ese mismo informe. El impacto sería de 290 millones en los registros públicos y de 940 millones en los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de Policía. El Gobierno cree que el impacto de la ley de ERC alcanzaría otros 278 millones en los relativo a Fomento y la Seguridad Social y 39 más en lo que se refiere al Ministerio de Economía.

Tardà no oculta su enojo por el veto del Gobierno a su proposición de la ley orgánica de “protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano”, pues esta norma, junto a la de compensación para las víctimas del franquismo, eran las propuestas estrella de su partido para esta legislatura. No obstante, el portavoz de ERC en el Congreso sigue convencido de la necesidad de equiparar “todas las lenguas que se hablan en España” y asegura que no renunciará a volver a presentar su iniciativa en el próximo periodo de sesiones.

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