El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente de la Generalitat Artur Mas puso para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N de 2014.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, recaudados por la Asamblea Nacional Catalana, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana  depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones.

En concreto, la orden de embargo incluye, además de una vivienda de Mas, la mitad de un inmueble del Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona, de Irene Rigau en Ribes de Fresser (Girona) y una propiedad del ex cargo del Govern Jordi Vilajoana, según  ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes del Tribunal Constitucional a eldiario.es. 

La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora ejecutar el embargo de forma provisional de estos inmuebles, según han indicado a Efe fuentes de este organismo y del entorno de los políticos catalanes. Según las fuentes, el embargo es provisional y queda a la espera del análisis contable, que todavía no se ha iniciado.

La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están “absolutamente disconformes” con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable, según recoge Europa Press. 

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d’Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con este depósito el expresidente de la Generalitat de Catalunya y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

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