El Tribunal Constitucional (TC) ha aplicado en un nuevo fallo la doctrina que estableció el pasado 20 de febrero respecto a declarar inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

Así, de acuerdo a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los tres últimos párrafos de la disposición adicional 38 de la Lomce realizada en febrero, ahora ha estimado el conflicto de competencia interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra el real decreto 591/2014 del Ministerio de Educación.

El Alto Tribunal entiende que los decretos que desarrollan la disposición adicional 38 de la ley Wert vulneran las competencias de la Generalitat en materia de educación y lengua propia

Dicho decreto regulaba los procedimientos para compensar los costes de escolarización en castellano de esos alumnos que no podían estudiar en castellano como lengua vehicular en un colegio público. El Pleno del TC ha decidido declarar también “inconstitucional y nulo” ese real decreto recurrido por Catalunya. La Generalitat alegaba, al igual que con la disposición adicional 38 de la Lomce, que se vulneraban sus competencias en materia de educación y lengua propia, el régimen lingüístico de la enseñanza en Catalunya y la autonomía financiera y de gasto.

Además, para Catalunya, ese real decreto de 2014 desarrollaba un procedimiento de reconocimiento de un derecho de compensación por los gastos de escolarización que comportaba “un control sobre el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas” y habilitaba “para que sean órganos de la Administración General del Estado los que ejerzan actividades de carácter ejecutivo, de instrucción y resolución”.

Presupuestado

Pese al fallo de hoy y al del pasado día 20 de febrero; el proyecto de presupuestos del Estado de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado de su comunidad autónoma.

Aunque el TC ve nulo este procedimiento; el Tribunal también señalaba en su primera sentencia que la anulación de ese modelo de la Lomce no afectaría a los alumnos que ya hubieran sido escolarizados mediante este procedimiento y determinaba “la garantía de continuidad en la escolarización hasta el final de la enseñanza obligatoria”, a excepción de que el alumno cambiara de centro.

El proyecto de presupuestos de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado. El TC aclaró que la anulación no afectaría a los alumnos ya afectados

Esta cantidad presupuestaria comenzó siendo de cinco millones en los presupuestos de 2015, bajó a un millón en 2016 y en 2017 se situó en 500.000 euros, idéntica cifra a la de este año.

La compensación para los gastos de escolarización en un centro privado tiene un importe máximo equivalente al coste anual de una plaza en un centro público de la comunidad afectada (suele rondar los 6.000 euros) y se podía solicitar desde el curso 2014-15.

La Lomce establecía que dicho gasto tenía que ser adelantado por el Ministerio de Educación, que después lo comunicaba al de Hacienda para que pudiera deducirlo o retenerlo de la financiación autonómica que correspondiera.

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