El independentismo debate sobre la que es ahora su máxima prioridad: tratar de investir a distancia al candidato de Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont. Una posibilidad que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que va a tratar de evitar de todas las maneras posibles, convencido de que el reglamento del Parlament no lo permite –los letrados se pronunciarán el lunes, probablemente en este sentido–, alegando que el candidato a la Presidencia de la Generalitat debe estar siempre presente en la cámara para presentar su programa de gobierno.

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo, algunos creen que la impugnación, y la posterior suspensión por parte del TC, se podría hacer de forma exprés durante la propia celebración del pleno, con el fin de evitar que Puigdemont fuera investido y posteriormente su nombramiento suspendido por el TC, lo que abriría un escenario más incierto.

JxCAT ya ha anunciado que no revelará cómo intervendría Puigdemont, lo que puede dificultar el recurso al TC previo a la investidura. El Gobierno asegura que va a recurrir aunque tampoco sin aclarar cómo

Sin embargo, puede haber dificultades. JxCat ya ha dejado claro que no tiene intención de revelar de qué manera trataría de llevar a cabo esta investidura. Es decir, si por ejemplo impulsaría una vía telemática o Puigdemont se presentaría a través de un texto que leería otro diputado. Parece claro que si el independentismo llegara a un acuerdo para investir a Puigdemont, trataría de no enseñar las cartas hasta el mismo momento del pleno. Hay que recordar que además aspira a tener la mayoría en la Mesa, el órgano que en última instancia es el que decide.

Esta falta de concreción podría complicar una posible impugnación del debate de investidura previamente a que éste se celebrara y obligaría a suspender la hipotética investidura de Puigdemont después de que fuera votado y, por lo tanto, nombrado. Se trata de una situación insólita y que los expertos ven improbable –aunque no imposible–, de manera que la política catalana se encontraría con un presidente investido pero a su vez suspendido, lo que abriría nuevas incógnitas e incertidumbres.

El independentismo sigue preparando su estrategia para investir a Puigdemont. El ex presidente catalán se ha reunido hoy en Bélgica con parte su grupo parlamentario, Junts per Catalunya El independentismo sigue preparando su estrategia para investir a Puigdemont. El ex presidente catalán se ha reunido hoy en Bélgica con parte su grupo parlamentario, Junts per Catalunya (Elio Germani / EFE)

“Una impugnación de la convocatoria del pleno o el orden del día sería difícil porque tendría un carácter preventivo”, asegura la profesora de Derecho Constitucional de la UB, Argelia Queralt, quien sin embargo no cierra la puerta, ni mucho menos, a esa posibilidad. “Sí sería posible si el Gobierno alega que el pleno, en tanto que trata de investir a Puigdemont, que sigue sin renunciar a la vía unilateral, ahondaría en la intención de seguir incumpliendo las resoluciones del TC”, subraya la profesora.

Para Queralt, también cabe otra posibilidad previa a la celebración del pleno, que pasaría por que los grupos contrarios a la investidura telemática presentaran un recurso de amparo ante el TC alegando que se podrían vulnerar sus derechos fundamentales y que podría provocar una suspensión cautela del pleno. Es la vía que Cs, PSC y PP ya eligieron esta vía varias veces en la pasada legislatura.

Un recurso previo al debate sería posible si el Gobierno alega que el pleno, en tanto que trata de investir a Puigdemont, que sigue sin renunciar a la vía unilateral, ahonda en la intención de seguir incumpliendo las resoluciones del TC”

Argelia Queralt

Profesora de Derecho Constitucional de la UB

Lo ve distinto el también profesor de la UB, Eduard Roig, que ve más plausible una impugnación exprés durante el mismo pleno de investidura, aún admitiendo que se trataría de una situación extraña en todo caso. “Cualquier actuación pública es impugnable”, asegura Roig, que baraja la hipótesis de una reunión urgente del Tribunal Constitucional y una suspensión “con carácter casi inmediato” que evitara la votación de Puigdemont. Cabe recordar que el debate de investidura suele durar dos días, desde que el candidato presenta su programa y el resto de grupos le replican hasta el momento de las votaciones.

Para Roig, el objetivo de esta urgencia sería claro: evitar la inseguridad que supondría una investidura y una suspensión de la misma a posteriori. “Aunque todas son anormales, ésta sería la más extraña. Se produciría un periodo de impás, en el que incluso no estaría claro quién gobierna y si, por ejemplo, corre el tiempo para elegir otro candidato. Tendríamos un president pendiente de su propia regularización”, subraya. Sin embargo, “probablemente el TC, con el fin de evitar efectos irreversibles como son unas elecciones, mantendría la actual situación: seguiría vigente el 155 y no correría el reloj”.

Aunque todas las opciones son anormales, una suspensión tras la investidura sería la más extraña. Se produciría un periodo de impás, en el que incluso no estaría claro quién gobierna y si, por ejemplo, corre el tiempo para elegir otro candidato

Eduard Roig

Profesora de Derecho Constitucional de la UB

De la misma opinión en este caso es Queralt: “Lo razonable es que el reloj se parara para no generar más agravios y respetar el resultado del 21-D”. La profesora asegura que el TC, en todo caso, debería aclarar, en la admisión a trámite, cómo quedaría el escenario durante la suspensión.

Roig insiste en que la situación sería más fácil en términos jurídicos –y políticos– si la suspensión por parte del TC se produjera antes de la hipotética votación del ex president en Bruselas. “Es perfectamente posible una reunión de urgencia del TC, dadas las circunstancias. Harían una primera resolución cautelar, que después podría ratificarla en 3 días”, mantiene.

Me parece esperpéntico pensar en que el jefe de Estado, a quien le corresponde firmar la investidura, lo haga de un candidato que desde Bruselas mantiene que es presidente de una república”

Eugeni Gay

Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional

De la misma opinión es el abogado catalán y ex vicepresidente del TC, Eugeni Gay, que considera que las medidas cautelares podrían ser de inmediato para evitar la votación y que “se estropeara más la situación. Gay, que tacha estas hipótesis de “imposibles jurídicos” al considerar que el reglamento ya deja claro que es imposible una investidura no presencial, recuerda que para que el nombramiento sea legal debe finalizar con la firma del jefe de Estado, de manera que le parecería “esperpéntico” que el Rey firmara la investidura de “alguien que desde Bruselas mantiene que es presidente de una República”.

Estas son las posibilidades que hay encima de la mesa, aunque los expertos advierten de que cualquier hipótesis, teniendo en cuenta la falta de precedentes y lo insólito de estos planteamientos, debe cogerse con cautela. Fuentes del Constitucional han declarado a La Vanguardia, informa Carlota Guindal, entiendenla dificultad de impugnar una convocatoria en la que no se especificaría cómo se elige al candidato pero consideran que sí podrá recurrirse cualquier resolución o acuerdo de la Mesa que se haga durante el pleno.

Se prevé que muy probablemente los partidos contrarios a la investidura a distancia, Cs, PSC y PP, presenten alegaciones a la Mesa durante la investidura una vez quede claro que el candidato no está de forma presencial o que se informe con qué procedimiento va a intervenir, obligando al máximo órgano de la cámara a pronunciarse. Ese es el texto legal que sería objeto de impugnación y posterior suspensión, añaden.

Los diputados de Cs, PSC y PP pueden optar por obligar a la Mesa a pronunciarse una vez quede claro que la investidura no es presencia. Ese texto podría ser objeto de recurso

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