Las 26 páginas del auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que mantiene, por unanimidad de los magistrados, en prisión provisional a Junqueras, viene a decir que el acusado no es un preso político y que, aunque es cierto que no hay indicios ni pruebas de que haya “ejecutado personalmente actos violentos” que justifiquen los cargos del rebelión y sedición que se le imputan, sí “ha impulsado a los partidarios de su posición a movilizarse públicamente”. En este sentido, el tribunal considera que no es necesario la “obtención de la finalidad” para imputar estos dos posibles delitos sino que basta con que “se actúe con esa finalidad”. Sobre una de los principales argumentos de defensa, la elección como candidato en las elecciones del 21-D, el Supremo no ve incompatibilidad y recuerda que la incoación en el proceso penal era conocida antes de decidir su concurrencia a los comicios.

Al inicio del escrito de resolución del recurso de apelación, el tribunal ya deja bien claro que en su caso, como en el del resto de encausados tanto del anterior Govern como de la Mesa del Parlament, no se puede hablar de presos políticos puesto que “la Constitución admite la defensa de cualquier posición política, incluso las que defienden la desaparición de la misma Constitución y la instauración de un régimen no democrático”, ahora bien, siempre “sin cometer delito alguno”. el tribunal sostiene que la causa en la que está imputado Junqueras no es “para perseguir la disidencia política ni la defensa de una opción independentista” porque “nadie es perseguido por defender una idea”. De hecho, el Supremo considera que “el sistema permite defender cualquier opción, ofreciendo cauces para mantenerla”.

El ejercicio de algunos cargos políticos “no supone impunidad”, según el auto, de manera que los hechos imputados se han cometido “despreciando las reglas básicas de convivencia”

El auto vuelve a incidir en el rechazo a la condición de preso político de Junqueras y el resto de encarcelados por la misma causa al rebatir el argumento de la defensa basado en su reciente condición de electo tras los comicios catalanes. Al respecto, el Supremo sostiene que “la existencia de una causa penal no es incompatible con el ejercicio del derecho a la participación política, aunque en algunos aspectos puede suponer limitaciones importantes”. De hecho, Junqueras concurrió a las elecciones, pudo votar y ha resultado elegido”, recuerda.

Pero el ejercicio de algunos cargos políticos “no supone impunidad”, según el auto, de manera que los hechos imputados se han cometido “despreciando las reglas básicas de convivencia contenidas en las leyes que rigen el sistema democrático”. Por lo tanto, la sala vuelve a rechazar la condición de presos político por tres motivos: el primero, porque hay un sistema democrático que ofrece cauces sobrados para defender pacíficamente cualquier opción política”; en segundo lugar, porque “la ausencia de las mayoría necesarias no autoriza en democracia al recurso de la violencia o el tumulto para alcanzar un determinado objetivo”. Y en tercer lugar, porque Junqueras no está en la cárcel por defender una idea sino “por haber utilizado medios violentos o tumultuarios previstos en el Código Penal”.

Junqueras y ERC “ya sabían de la incoación del proceso penal, dato de conocimiento público y general”, de manera que “conocían sobradamente que su actividad política podía verse limitada en algunos aspectos”

El tribunal rechaza los argumentos de la defensa basados en la condición de electo y las posibilidades de ser investido al recordar que tanto Junqueras como el partido político al que pertenece “ya sabían de la incoación del proceso penal, dato de conocimiento público y general”, de manera que “conocían sobradamente que su actividad política podía verse limitada en algunos aspectos”. Como conclusión, el auto señala que su condición de inculpado o acusado “no puede sortearse mediante la designación del interesado como candidato en unas elecciones”.

En todo caso, de cara al futuro procesal y político, el tribunal deja todas las puertas abiertas al admitir que “la proporcionalidad de la medida” cautelar podrá ser tenida en cuenta por el instructor “en el momento de adoptar las decisiones que resulten pertinentes, en momentos puntuales y en función de las circunstancias que se presenten”.

El Supremo cree que Junqueras, “ha ido mucho más allá” de las vías o cauces legales propios de un sistema democrático

El Supremo cree que Junqueras, “ha ido mucho más allá” de las vías o cauces legales propios de un sistema democrático al haber llevado a cabo la ejecución de un plan que incluía la aprobación de distintas normas y resoluciones orientadas a la independencia, y en contra, a sabiendas, de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

El auto recuerda que “han llegado a proclamar la independencia de Catalunya”, con cuya actuación “se han alzado” contra el Estado español, contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Catalunya y contra el resto del ordenamiento jurídico. Aunque admite que esto sólo vendría a probar un presunto delito de desobediencia, en el caso de rebelión y sedición, considera que sólo es necesario actuar con dicha finalidad para investigarlos, y no sólo su consumación.

Eeprocha a Junqueras que “nada hizo para evitar” que cesaran los actos violentos ante la conselleria de Economia, a pesar de contar “con suficiente autoridad para intervenir y para garantizar el cumplimiento”

Para justificar la investigación por estos presuntos delitos, el Supremo recuerda los hechos de la Conselleria de Economia y del 1-O, los “numerosos actos de violencia” con ocasión de los registros de la conselleria contra la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil. También destaca el hecho de que Junqueras “impulsara a intentar abrir o mantener abiertos” los centros de votación del referéndum declarado ilegal cuando “sabían que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tenían la obligación de impedirlo”.

En este sentido, reprocha a Junqueras que “nada hizo para evitar” que cesaran los actos violentos ante la conselleria, a pesar de contar “con suficiente autoridad para intervenir y para garantizar el cumplimiento”. Igualmente, considera “significativo” que “convocara a sus partidarios a participar en el referéndum del 1-O, sabiendo que el Estado trataría de impedirlo con los medios a su alcance.

El motivo último para mantenerle entre rejas al advertir posibilidad de reiteración delictiva se basa en que no se trataría de impedir que Junqueras vuelva a defender su proyecto político, “sino de evitar que lo haga de la misma forma”.

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