El Supremo devuelve a justicia ordinaria la decisión sobre Puigdemont pero no lo ve inelegible

[ad_1]

El Tribunal Supremo ha ordenado a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que sean ellos los que resuelvan de inmediato si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, huidos de la Justicia, pueden concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) se ha reunido este domingo para decidir sobre el recurso presentado por los políticos contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluirlos, después de que este sábado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid haya resuelto -junto con los 9 y 21, donde han recaído recursos idénticos- elevar este asunto al TS.

Los juzgados de lo contencioso-administrativo han entendido que el recurso plantea cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos presentados por JxCat en las tres primeras posiciones de la lista como a la proclamación de las candidaturas, y que debía ser el Supremo quien estableciera el criterio jurídico para resolver sobre estos dos asuntos interrelacionados. Por tanto, y con el fin de evitar posibles resoluciones contradictorias sobre los recursos, los tres tribunales de lo contencioso-administrativo decidieron levar las actuaciones a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.

El pasado viernes, la Fiscalía de Madrid pidió que se estimara el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí al considerar que en la decisión de la JEC se vulnera “el derecho fundamental de sufragio pasivo” que tienen los políticos huidos.

La JEC, sin unanimidad y con cuatro votos particulares, estimó que la lista era una “burla” a la ley al pretender los tres políticos prófugos concurrir a los comicios pese a estar huidos de la justicia española; y alegó que los tres incumplían la normativa electoral al no ser residentes de las localidades en las que están empadronados, cuando la inscripción en el censo electoral es “un requisito indispensable” para ejercer el derecho al sufragio activo y también al pasivo. Pero para la Fiscalía, esa interpretación restringe el derecho fundamental al sufragio pasivo de los recurrentes, cuando la doctrina del Tribunal Constitucional “impone el deber de optar por la interpretación más favorable” al ejercicio de los derechos fundamentales.

[ad_2]

Source link

Deja un comentario