La ausencia de una referencia explícita a la Constitución o al “orden constitucional” eliminó cualquier posibilidad de que Oriol Junqueras saliera en libertad. En el auto del tribunal de apelación ya se señala que la voluntad de “diálogo” expresada por la defensa del político y por él mismo ante los tres magistrados no son suficientes para disipar el riesgo de reiteración delictiva. Fuentes del Tribunal Supremo añaden que lo que falta a esa expresión de voluntad política es que se producirá en los límites del actual ordenamiento constitucional.

La defensa del investigado, sin embargo, apostó por que fuera suficiente la apelación al acatamiento del artículo 155 de la Constitución y la concurrencia a las elecciones autónomicas, convocadas en virtud de éste. Pero no ha sido así, al menos para los tres magistrados que han ratificado la decisión de su compañero de la Sala de lo Penal,  Pablo Llarena, adoptada hace un mes, y anteriormente de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, otras cuatro semanas antes.

“El diálogo al que se hace referencia en el recurso, hasta ahora, solamente se ha pretendido o planteado por el recurrente y por quienes le acompañan en su proyecto político, como referido exclusivamente a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña”, ha escrito el ponente del auto, Miguel Colmenero. De acuerdo con los otros dos miembros del tribunal, añade: “Es, por tanto, una pretensión que, previsiblemente conduciría nuevamente al recurso a las vías de hecho en el caso de que, como es racionalmente de esperar, fuera negada o impedida desde el Estado”.

De este modo, los magistrados del Tribunal Supremo colocan su nivel de exigencia en el mismo lugar donde lo puso el instructor de la causa, su compañero de la Sala de lo Penal, Pablo Llarena. Así quedó de manifiesto durante la primera toma de declaración a investigados, una vez asumida la causa que emprendió la Audiencia Nacional. Con independencia de las palabras exactas que pronunció la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, Llarena escribió en su auto: “Los acusados renuncian a la actividad política o a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.

En ese auto, Llarena impuso prisión a Forcadell, eludible con el pago de una fianza de 150.000 euros. A otros cuatro miembros de la Mesa les impuso como medida cautelar una fianza de 25.000 euros y a Joan Josep Nuet lo dejó libre sin medidas cautelares.

Una vez el tribunal de apelación ha dictado auto sobre Junqueras, la situación personal del investigado pasa a depender otra vez de Llarena. La defensa de Junqueras puede volver a recurrir la excarcelación y, en cualquier caso, la comparecencia del exvicepresident ante el Tribunal Supremo no se demorará. La Fiscalía ya ha solicitado que tanto los investigados que han comparecido ante Llarena como los nuevos investigados, entre ellos Marta Rovira o Artur Mas, declaren en una fecha que el juez instructor deberá determinar.

En contra de la acusación salida este viernes desde las filas del sector independentista, en el sentido de que los magistrados del tribunal de apelación tenían tomada de antemano la decisión de dejar en prisión a Junqueras, e incluso redactado el auto, las citadas fuentes del Tribunal Supremo recuerdan que el recurso de podría haber resuelto sin la presencia del investigado y que los jueces tampoco estaban obligados a darle la palabra.

En ese turno de palabra era la oportunidad de Junqueras para haber expresado un firme compromiso de defender su ideario independentista dentro de los márgenes de la Constitución, precisan las mismas fuentes.

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