El Supremo confirma dos años de prisión para Granados por el ‘chivatazo’ de Púnica

El magistrado estima que las filtraciones originaron “un grave daño” a la investigación y un beneficio económico para el exconsejero

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados y para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por las filtraciones en el caso Púnica que originaron “un grave daño” a la investigación y un beneficio económico para el primero.

De este modo, el Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional por el soplo que le dio un guardia civil a Granados en relación con la investigación de la trama de corrupción autonómica y local en la que el exconsejero estaba implicado.

Granados, también exdirigente regional del PP, se sirvió de un soplo de Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le alertó de la instalación de una cámara frente al edificio donde el presunto “conseguidor” de la trama Púnica, David Marjaliza, dirigía sus negocios en Pinto (Madrid).

El Supremo confirma también la condena a un año y 6 meses de prisión al agente en excedencia de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre por ese mismo motivo.

La Sala de lo Penal del alto tribunal confirma las condenas por delito de violación de secreto agravado, en el caso de Rodríguez Talamino, y delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público en el caso de Granados y Caro Vinagre. La Audiencia Nacional condenó a los tres por unos hechos que se remontan al mes de septiembre de 2014. 

Tal y como recuerda la sentencia, dentro de la investigación por delitos de corrupción de la Operación Púnica, el agente Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en Pinto una cámara oculta en la puerta de las oficinas de Marjaliza.

La noche del 5 de septiembre, durante las fiestas de la localidad cercana de Valdemoro, el agente alertó a Granados de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.

Un día después, Granados habló por teléfono con Marjaliza y le informó de lo sucedido, que entendió como “una advertencia”, y le avisó de los seguimientos policiales.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, la Sala rechaza que se haya violado la presunción de inocencia de los condenados y explica que la filtración de la investigación de la UCO derivó de modo inmediato en que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, distintas de las que hasta entonces habían observado.

Como ya indicara la Audiencia Nacional, el Supremo considera evidente el daño que causó la filtración a la investigación, ya que imposibilitó “verificar mediante grabación u observación directa la identidad de las personas que acudían a las oficinas de Marjaliza, donde se suponía que se pagaban comisiones a personas que, ocupando cargos municipales, favorecían sus intereses”.

La revelación, añade el tribunal, “no sólo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial, pues, lógicamente, esos encuentros, en caso de que fueran a producirse como sospechaban los investigadores, habrían sido suspendidos o trasladados a otro lugar”.

En este caso -añade la Sala- es claro que la información comunicada determinó, por un lado, “la imposibilidad de continuar esa línea de investigación, cercenando no solo la observación visual, sino cualquier otra que la pudiera sustituir, dadas las elementales precauciones que desde ese momento adoptarían con toda lógica los sospechosos”.

Y, por otro lado, la filtración permitió a los investigados llevar a cabo actos de protección como resultado de sus conversaciones, orientadas a la desaparición de documentos y “entorpeciendo de modo evidente la marcha de una investigación que afectaba, además, a delitos de tanta gravedad como los relacionados con la corrupción”.

La sentencia explica que la utilización de la información recibida se tradujo directamente en un “beneficio económico” para Granados y para Marjaliza, “mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”.

Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros.

Por su parte, Marjaliza también ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria, resalta el fallo.


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