El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha advertido de que la decisión del Tribunal Supremo de denegar un permiso especial al diputado Jordi Sànchez para participar en la sesión de investidura “vulnera sus derechos políticos y va contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH)”.

En un comunicado, el defensor del pueblo catalán ha alertado de que esta decisión “afecta igualmente a la separación de poderes”, ya que la condición de diputado genera un derecho a convertirse en presidente del gobierno con apoyos suficientes, lo que “sólo puede decidir el presidente del Parlament”. “El poder judicial no puede sustituir esta función democrática”, ha denunciado el Síndic, para quien entonces se vería vulnerada la independencia del Parlament y los derechos de participación política de “toda la ciudadanía de Catalunya”.

Para Ribó, el Comité de Derechos Humanos de la ONU “recordó a las autoridades españolas que tienen que tomar todas las medidas necesarias para asegurar que Sànchez puede ejercer sus derechos políticos”, en el oficio de acuso de recibo de la comunicación tramitada por el diputado. Con la decisión de denegar el permiso a Sànchez para asistir el pleno, el Tribunal Supremo estaría “ignorando el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, según Ribó.

El Síndic recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recordó “en el acuse de recibo” que a “las autoridades españolas deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar que Jordi Sànchez i Picanyol puede ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el artículo 25 del Pacto”. Ribó subraya que la advertencia se ampara en el artículo 92 del Reglamento de procedimiento del Comité, que permite a este órgano “comunicar al Estado su opinión sobre la conveniencia de adoptar medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la víctima de la vulneración denunciada”.

Asimismo, el Síndic insiste en que “la calificación penal como rebelión o sedición” de los hechos acaedidos alrededor del 1-O es “claramente desproporcionada” y “puede atentar contra el principio de legalidad penal”. También entiende igualmente “desproporcionada” la medida cautelar de prisión provisional que se mantiene para ocho dirigentes independentistas, entre los que se encuentra el propio Sànchez o el exvicepresidente del Govern y presidente de ERC, Oriol Junqueras. Considera que es una medida que, “en tanto que se haya adoptado en función de la ideología de estas personas”, es “contraria al derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación y el derecho a la libertad y seguridad personales”.

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