Las negociaciones del bloque independentista no sólo han evidenciado las dificultades para encajar las estrategias de JxCat, ERC y la CUP, sino también que el relevo de líderes –obligado por el proceso judicial en el caso del grupo de Carles Puigdemont y los republicanos– ha otorgado poderes a una nueva generación política. Durante las reuniones, ha habido interrupciones para hacer consultas “con Bruselas” en JxCat; temas aparcados hasta ser informados a la secretaria general o a la cárcel de Estremera en ERC, y supuestos acuerdos verbales tumbados por las asambleas territoriales de la CUP.

Las dificultades aumentan ahora con Carles Puigdemont en la cárcel alemana de Neumünter y Marta Rovira instalada en Suiza. Los negociadores han perdido el “comodín de la llamada”, admiten en los diferentes equipos, por lo que la estructura interna de cada grupo es la clave. La provisionalidad en la toma de decisiones dificulta la unidad de acción independentista y las disfunciones entre los discursos públicos y los privados aumentan.

JUNTS PER CATALUNYA

Artadi pierde el comodín de Puigdemont

Desde que Puigdemont se instaló en Bruselas a finales de octubre, las reuniones en la capital europea se han sucedido y la conexión por videoconferencia ha servido para mantener la unidad del grupo parlamentario más heterodoxo de la Cámara. Abonados a los mensajes y llamadas por Signal, Puigdemont siempre pretendió que los grandes acuerdos se escenificaran con actos en Bruselas. Era la manera de evidenciar que él seguía al mando. Las dificultades de controlar políticamente la situación se evidenciaron con la suspensión del primer pleno de investidura. Puigdemont se enteró en plena videoconferencia con sus diputados y sus mensajes telefónicos con Toni Comín acabaron acaparando portadas.

Pero la estructura montada en la Casa de la República de Waterloo no sirve para nada cuando Puigdemont está en una cárcel alemana y Jordi Turull y Josep Rull, que dirigían las negociaciones, en Estremera. Así que Elsa Artadi está al frente de un grupo parlamentario, no trasladando órdenes sino impartiéndolas. El problema es que la disciplina de los diputados no es la propia de un partido y su compromiso con Puigdemont no es homogéneo.

El enfrentamiento abierto con el PDECat, partícipe del grupo parlamentario pero silenciado en sus decisiones, enrarece aún más las negociaciones con ERC. Artadi se apoya en Eduard Pujol, Josep Costa, Quim Torra, Gemma Geis, Laura Borràs o Francesc Dalmases, todos ellos diputados independientes. También en Albert Batet, diputado, alcalde de Valls y militante del PDECat pero en choque constante con el partido. Desde fuera del Parlament, Marta Pascal y David Bonvehí intentan ahora reorientar la estrategia con Marc Solsona y Lluís Font en el equipo negociador, pero también en contacto directo con las nuevas voces de ERC, que ha optado por una línea más pragmática.

Es la batalla de lo que queda del equipo de los Seventies de Palau, abonados al choque, con la dirección de un partido que intenta escapar de la herencia convergente tras la salida de Artur Mas y encontrar su espacio.

ESQUERRA REPUBLICANA

La disciplina de los mileniales de Junqueras

ERC echó en falta a Oriol Junqueras desde el minuto uno. Fue evidente durante la campaña electoral, cuya primera semana reconocen desde las propias filas republicanas que fue “un desastre”. Tanto dependían de su líder que todavía hoy está readaptando el partido a las circunstancias. Pero éstas no ayudan. De los diez primeros nombres de la lista de Barcelona, sólo cuatro permanecen en el Parlament: la militante de ERC y secretaria cuarta de la Mesa, Alba Vergés, y los independientes e inexpertos Jenn Díaz, Ruben Wagensberg i Najat Driouech. Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell están encarcelados; Marta Rovira se trasladó a Suiza y Antoni Comín permanece en Bruselas desde finales de octubre. Al exconseller de Salut le acompaña Meritxell Serret, que fue número uno por Lleida, mientras que Dolors Bassa, que fue por Girona, ha vuelto a prisión.

“No ha quedado títere con cabeza”, lamentan desde ERC, convencidos de que tras Junqueras “se estaba labrando el terreno para encarcelar también a Rovira”. Sergi Sabrià ha cedido la portavocía a Marta Vilalta, mientras que el aún secretario de Economia, Pere Aragonès, ha sustituido a la veterana Anna Simó –acusada de desobediencia por el Supremo– como adjunto a la presidencia del partido y nuevo hombre fuerte del partido. Con toda esta lista de encausados, ERC se ha convertido en la más prudente de las fuerzas independentistas y se aferra a la única autoridad elegida tras el 21-D. El presidente del Parlament, Roger Torrent, fue quien suspendió la sesión de investidura el 30 de enero en consonancia con la posición de su partido.

Todos ellos cuentan con una amplía experiencia en el partido que no se refleja tanto en el grupo parlamentario. “Somos millennials”, bromean con resignación. La media de edad de los diputados ronda los 40 –los 75 de Ernest Maragall son una excepción– y muchos no están bregados en la actividad parlamentaria. ERC todavía no ha formalizado el relevo en la presidencia del grupo, pero Sabrià ha tomado las riendas. También Gerard Gómez, de tan sólo 28 años y uno de los últimos negociadores con JxCat y la CUP para formar Govern, ha dado un paso al frente.

CUP

Puigdemont, candidato anticapitalista

Frente al pragmatismo creciente de ERC, la CUP ha invertido en radicalismo al pasar de diez a cuatro diputados tras el 21-D. Carles Riera se ha convertido en la cara más visible de la CUP, tomando el relevo de Anna Gabriel, ahora en Suiza. Riera ha estado presente en la mayoría de reuniones con JxCat y ERC, aunque el funcionamiento de los anticapitalistas ha llevado a situaciones “exóticas”. “Cuatro diputados y siete negociadores”, comentan los compañeros de mesa. Lo que no ha impedido que JxCat y ERC dieran por hecho acuerdos por la actitud de Riera que después no se concretaron en público. Ese fue el caso de la investidura fallida de Jordi Turull. La CUP ha decidido “pasar a la oposición”, también de la mayoría independentista, y únicamente están ­dispuestos a colaborar en una ­investidura si el candidato es Puigdemont.

La CUP ha renovado a tres de sus cuatro diputados, pero por aplicación de sus propios estatutos, que limitan el cargo a una legislatura de más de dos años; pero también ha rejuvenecido su secretariado, por lo que los lazos de otras legislaturas con antiguos cargos como David Fernàndez o Quim Arrufat pierden peso. Con todo, la CUP es el grupo independentista menos perjudicado judicialmente: a las exdiputadas Mireia Boya y Anna Gabriel se les ha imputado delitos de desobediencia, que implican penas de inhabilitación política y multas. Boya es ahora miembro del órgano ejecutivo de la formación. Vidal Aragonés está incrementando su protagonismo, en un rol semejante al que realizó Benet Salellas en la pasada legislatura.

Los cuperos se muestran decididos a avanzar para acabar de “materializar la república”, sin temer las consecuencias. Incluso en los últimos días se han ofrecido para ocupar cargos en la Mesa, volver a poner en marcha una investidura de Puigdemont y asumir todas las responsabilidades.

Òmnium y ANC

El fin del discurso unitario; las entidades reorientan el rumbo

La judicialización del proceso también ha pasado factura a las entidades soberanistas. Òmnium Cultural reconoce en privado que el encarcelamiento desde el 16 de octubre de su presidente, Jordi Cuixart, ha dejado a la asociación “muy tocada”. Marcel Mauri se vio obligado a ejercer como portavoz en un principio, para luego ser nombrado vicepresidente. Òmnium se ha alineado con las tesis de ERC: dialogar con el espacio de los comunes de Xavier Domènech y del PSC para ensanchar la base soberanista.

La Assemblea Nacional Catalana adoptó, en cambio, una actitud más titubeante y ha apostado por una línea más beligerante. Jordi Sànchez renunció a liderar la entidad para convertirse en número dos de JxCat. Agustí Alcoberro puso voz a la entidad hasta que el 24 de marzo la economista Elisenda Paluzie fue elegida para relevar a Sànchez. En febrero, la Assemblea endureció su actitud y Alcoberro ya apuntó en la línea de la restitución como presidente de la Generalitat al considerar que la mejor opción era Puigdemont. Paluzie fue más allá y el pasado miércoles exigió al Parlament “un acto de soberanía” e investir de nuevo al presidente destituido. Una postura que sólo comparte la CUP y sectores de JxCat.

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) también cambió su presidencia en paralelo al proceso por el 1-O. La presidenta y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, fue junto a Artur Mas y Marta Pascal los únicos de los 28 investigados que no fueron procesados. Lloveras anunció que dejaba el cargo nada más saber que el magistrado Llarena la investigaba. Su lugar lo ocupa ahora Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva y en las filas del PDECat, como Lloveras. En la Associació Catalana de Municipis el relevo de Miquel Buch por el alcalde de Sallent, David Saldoni, puede tener viaje de vuelta. Buch dejó la alcaldía de Premià de Mar pero podría volver al Parlament en sustitución de los diputados encarcelados.

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